Rudi pide cambiar la ley para recurrir al Constitucional sentencias adversas

La Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces arrancaron el primer día hábil de este periodo de sesiones con una discusión sobre el impacto de la sentencia de la Audiencia. El PP defiende que el fallo, al anular la congelación salarial, invalida la ley de Presupuestos de 1997 e invade la potestad legislativa de las Cortes. A partir de ahí, aplaude la invitación de Rudi para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para, en el futuro, defenderse de sentencias adversas.

El PSOE mantiene que el PP y el Gobierno 'intentan cargar siempre en terceros sus errores'. La vicepresidenta segunda de la Mesa, la socialista Amparo Rubiales, aseguró que la de Presupuestos es una ley especial que no puede modificar leyes anteriores. Así sostiene que el Gobierno 'lo hizo mal políticamente' cuando no incorporó ninguna modificación a la ley 7/90 (que le obliga a negociar con los funcionarios) en la Ley de Acompañamiento, 'que sí tiene carácter normativo', de aquel año.

A ese 'error político', el PSOE suma 'dos errores jurídicos del Gobierno' durante la tramitación de la demanda de CC OO. Rubiales recordó que el sindicato presentó su demanda ante el Tribunal Supremo y que éste lo consideró un asunto de personal y lo trasladó a la sala de lo Contencioso Administrativo. Los servicios jurídicos del Estado tuvieron dos ocasiones para esgrimir los argumentos que ahora enarbola el Gobierno: cuando el Supremo decide trasladar la demanda y cuando la Audiencia la admite a trámite y pide a las partes que aleguen. Pero no lo hicieron. Por eso, concluye, 'si fuera verdad que la sentencia vulnera la potestad legislativa de las Cortes habría que pedir responsabilidades políticas a José María Aznar, y a sus entonces ministros Margarita Mariscal y Mariano Rajoy'.

En la reunión de la Junta de Portavoces, Jesús Caldera, en nombre del PSOE, y Gaspar Llamazares (IU) criticaron la 'falta de independencia' de Rudi y la utilización que el grupo del PP ha hecho de las Cortes.

El portavoz del PP, Luis de Grandes, mientras, descartó que los diputados vayan a personarse individualmente en la causa porque confía en que el Supremo se 'haga eco del clamor' que le pide reconsiderar la sentencia. CiU, entretanto, aconsejó al PP y al Gobierno que no pongan en marcha modificaciones legales al calor de la sentencia mientras ésta no sea firme.

Por su parte la Audiencia Nacional ratifica en un auto de aclaración, a instancias de CC OO, que la sentencia tiene efectos para funcionarios y personal laboral, informa Carmen Parra. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, subrayó que la sentencia 'sólo afecta a los funcionarios de la Administración central del Estado'.