Los argumentos del Gobierno

El Gobierno presentó ayer ante la Audiencia Nacional el escrito de preparación del recurso de casación que elevará ante el Supremo, una vez que la Audiencia, como tribunal sentenciador, lo admita. Los argumentos son:

-El acto administrativo recurrido trasciende a una mera cuestión de personal, inscribiéndose en el núcleo de la política económica del Estado, y en consecuencia es posible la casación ordinaria.

-La sentencia de la Audiencia se refiere a un acto administrativo de carácter general y, en consecuencia, es susceptible de ser recurrida en casación ordinaria.

-Se trata de un auténtico recurso indirecto contra la Ley de Presupuestos del Estado de 1997 y en consecuencia es posible la casación ordinaria.

-La sentencia recurrida afecta a la libertad sindical alegada por el sindicato recurrente en su demanda y, por tanto, es posible la casación ordinaria.

-La sentencia recurrida supone una flagrante violación del derecho a la tutela judicial efectiva de la Administración del Estado y, en consecuencia, es posible la casación ordinaria: por incongruencia al resolver ultra petitum una cuestión no planteada en el proceso sin dar traslado a las partes y porque se vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva por infracción del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

Un recurso de casación ante la sala de lo contencioso administrativo del Supremo tarda, de media, entre tres y cuatro años en resolverse. En este caso, según fuentes jurídicas, el plazo puede ser inferior.