La Agencia Tributaria sancionó a tres inspectores por uso indebido de datos

La Agencia Tributaria cerró el caso de los inspectores y subinspectores acusados de uso indebido de la base oficial de datos con suspensiones de empleo y sueldo para tres de ellos. En un caso, la suspensión fue de un año y medio y en otro, de seis meses. En el tercer caso, el de Mariano Navarro-Rubio, la sanción se ha paralizado al estar abierto un procedimiento judicial, según aseguraron fuentes de la Agencia Tributaria, que se personó en el caso.

Los restantes expedientes se han cerrado sin sanciones bien por no haber encontrado pruebas, bien por haber prescrito la falta administrativa al haberse cometido hace más de 10 años.

Las mismas fuentes afirman que los expedientes se abrieron por uso indebido de la base de datos oficial y no por sustracción de documentos. 'No ha faltado ni un sólo expediente', recalcan las mismas fuentes, pese a que un informe del Servicio de Auditoría Interna de la propia Agencia (veasé EL PAÍS del 29 de enero) revelaba la 'desaparición de parte del archivo' de la Unidad de Estudios Económicos y Sectoriales a la que pertenecían los expedientados.

Red de extorsión

Esta unidad se creó en el año 1985, tenía como objetivo la investigación de diferentes sectores económicos y en ella trabajaron los inspectores expedientados: Mariano Navarro Rubio, José María Sánchez Cortés, Alfredo Pérez Lodares (sobre los que se centraron las principales investigaciones), Juan José Sánchez Diezma, Francisco Villar y , junto a dos subinspectores. La Agencia Tributaria no facilitó los nombres de quienes han resultado finalmente sancionados.

El informe de auditoría señala que los expedientados actuban sin control y efectuaban nunerosos accesos a la base de datos de Hacienda sin justificación, en lo que se califica de 'clara situación de riesgo'. La información así obtenida era utilizada para extorsionar a empresarios e inversores, entre ellos Juan Abelló, quien presentó una denuncia ante el juzgado. Abelló aseguró que le habían solicitado 20 millones de pesetas a cambio de no divulgar informes fiscales. La Unidad fue finalmente disuelta en el año 1997.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0029, 29 de enero de 2001.

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