Medio Ambiente contrata a una empresa investigada en el 'caso Priorat'

El gerente de la empresa Eco-lògica, Armand Gutiérrez, esgrimió ayer los nuevos contratos que mantiene con el Departamento de Medio Ambiente para presentar a su sociedad como un ejemplo de 'independencia y buen hacer profesional'. Felip Puig, consejero de Medio Ambiente, era secretario de organización de Convergència cuando estalló el caso Priorat, que se originó con la ocupación de la presidencia del consejo comarcal por parte de Unió y la denuncia, por parte de los democristianos de presuntas irregularidades contables y económicas durante la gestión convergente.

Gutiérrez, en la sesión de ayer ante el tribunal que juzga el caso, negó las imputaciones del fiscal sobre el cobro de trabajos no realizados y explicó que, o bien los trabajos referidos estaban 'en proceso' y después fueron incorporados a los autos judiciales, o bien no pudieron ser finalizados porque el equipo de gobierno del Consejo del Priorat, liderado por Jaume Figueras (UDC), no se puso en contacto con él para saber de los proyectos.

La indefinición del consejo comarcal sobre algunos proyectos de Eco-lògica, como la ubicación de una planta de reciclaje, habría sido, a juicio de Gutiérrez, la causa de que no pudieran ser finalizados y entregados. El representante de la empresa añadió que el escándalo del Priorat le perjudicó hasta el punto que tuvo que afrontar una regulación de empleo.

Gutiérrez explicó que en 1999 volvió a ser contratado por Medio Ambiente, una cuestión que despertó el interés del presidente del tribunal, Rafael Albiac. La curiosidad del presidente no era extraña puesto que la Generalitat está personada en la vista oral como parte acusatoria. Los trabajos encargados en la nueva etapa de Eco-lògica tienen una cuantía de unos dos millones de pesetas.

Coincidencias

Más allá de las coincidencias de Gutiérrez con el resto de acusados respecto a las contradicciones en las que han incurrido respecto a su declaración ante el juzgado de Falset que instruyó el caso, la gran mayoría de imputados en el caso Priorat por las irregularidades detectadas en el consejo comarcal durante la etapa convergente están de acuerdo en señalar al entonces gerente, Enric D'Anguera, como el máximo responsable de las actuaciones del organismo. D'Anguera, que ya se responsabilizó en los juzgados de Falset de algunas irregularidades como la creación de dos entidades fantasma para posibilitar el cobro de subvenciones de la Generalitat, fue el principal perjudicado por las declaraciones del secretario interventor del consejo, Arturo González, que recordó que el gerente podía contratar directamente obras o servicios por un montante de entre 10 y 12 millones, correspondientes al 5% del presupuesto del organismo. El secretario aseguró que en estos casos su única labor 'era la de atestiguar que Enric D'Anguera era el gerente del consejo comarcal'.

González se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 10 de inhabilitación, las mismas que el entonces presidente del consejo comarcal, Josep Maria Buil. Para D'Anguera el fiscal le pide 13 años de prisión y 15 de inhabilitación.