Varios grupos alternativos acusan a Mayor Oreja de criminalizarlos

Representantes de diversos movimientos sociales alternativos acusaron ayer al Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y a la Delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, de orquestar contra ellos una campaña de criminalización al vincularlos con la organización terrorista ETA tras la desarticulación del comando Barcelona. En opinión de estos colectivos, desde hace cinco años se ha venido produciendo una campaña de 'montajes policiales y mediáticos' contra ellos, que arranca de la ocupación del cine Princesa, en la primavera de 1996. Otros ejemplos de esta actitud supuestamente criminalizadora fueron la carga policial realizada en la Universidad Autónoma con motivo de la visita del Presidente del Gobierno, José María Aznar, o las efectuadas durante la celebración del 12 de octubre, así como en las diversas manifestaciones antifascistas que se han celebrado en Barcelona en los últimos meses.

Las quejas de estos colectivos están recogidas en un dossier presentado ayer en el Colegio de Periodistas de Cataluña bajo el título de Que ens deixin en pau, y asistieron la concejal de derechos civiles del Ayuntamiento de Barcelona, Roser Veciana, y el abogado Robert Sabata, de la comisión de defensa de los derechos de las personas del Colegio de Abogados de Barcelona.

Once detenciones

Los grupos sociales, que no condenaron de manera clara y contundente los atentados de ETA, consideran que esta estrategia del Ministerio del Interior ha desembocado en las últimas semanas en la detención de 11 ciudadanos, 'siete de los cuales han sufrido las secuelas de la legislación antiterrorista'. Dos de ellos, Diego Sánchez Burria y Zigor Larredonda, se encuentran en prisión por orden judicial acusados de colaborar con el comando Barcelona de ETA. El resto están en libertad bajo fianza y con cargos. En opinión de estos colectivos, el Ministerio del Interior ha aprovechado el consenso social alrededor de la lucha antiterrorista 'para cargar contra la disidencia social y desprestigiar nuevas formas de participación social antagonistas con los modelos oficiales'.

Los representantes de estos movimientos alternativos aseguran que en los últimos cinco años, desde la llegada del PP al poder, se ha incrementado la represión contra ellos y que eso se ha plasmado en 700 detenciones y una 'guerra sucia' protagonizada por el Grupo 6 de la Brigada Policial de Información de la Cuerpo Nacional de Policía, al que acusaron de 'utilizar mecanismos ilegales y prácticas irregulares en la represión'. Por ello, reclamaron la disolución de ese grupo policial y la dimisión de García Valdecasas.

La llamada iniciativa popular contra la criminalización de los movimientos sociales ha recibido la adhesión del director teatral Mario Gas, de los actores Jordi Buizaderes y Vicky Peña y del antropólogo Manuel Delgado.