Las cuentas de Ruiz-Gallardón

Me referiré a la aplicación de la normativa de precios públicos en centros para personas con discapacidad. Como madre de una discapacitada superior al 75%, con asistencia y atención, desde hace años, en un centro público de la Comunidad de Madrid, concretamente el centro Ángel de la Guarda, y, por tanto, inmersa plenamente en el asunto de referencia, asistí en la Asamblea de Madrid a una reunión del Parlamento autónomo el 14 de diciembre.

Lo que más me llamó la atención fue la exposición de una serie de ejemplos en la aplicación del sistema de precios. De menor a mayor, Ruiz-Gallardón fue pasando revista a tres casos: un ujier de la Cámara, un diputado regional y él mismo. Según el señor presidente, con un sueldo confesado de 770.000 pesetas mensuales, por una plaza en un centro de día para un supuesto hijo discapacitado tendría que pagar unas 70.000 pesetas.

Pues bien, en fecha 16 de enero fuimos convocados en el centro Ángel de la Guarda, donde dos funcionarias de la Comunidad nos transmitieron la información pertinente al respecto, y las cuentas que allí salieron no tenían nada que ver con lo expuesto por el señor Ruiz-Gallardón, de manera que para ingresos mensuales mucho más bajos, por debajo de las 400.000 pesetas, se alcanzaba, en un centro de día, el tope máximo de 125.000 pesetas mensuales. Claro está que a mi pregunta la respuesta fue contundente: cada caso es diferente.

A la vista de esta disparidad de criterios caben tres posibilidades:

- Que el señor presidente de la Comunidad disfrute de una familia muy numerosa y, por supuesto, todos sus hijos sean menores de 25 años, e incluso tenga mayores de 65 años a su cargo.

- Que las cuentas efectuadas por el señor Ruiz-Gallardón o su contable sufrieran un error de cálculo, quizás achacable al cambio de programa de cara a la adaptación del euro.

- O que, utilizando sus propias palabras, fuera una intervención oportunista y asamblearia en vista de las protestas del grupo de padres de discapacitados presentes en la Asamblea.

Con la Constitución española en una mano y las normas básicas de ética en la otra, le ruego, señor presidente, que revise el significado de palabras como justicia y equidad, relativas a los principios de igualdad sobre el derecho a la libre educación, comparando capacitados con discapacitados.-