El PP bloqueará en el Parlamento el pago a los funcionarios si el Gobierno fracasa en sus recursos

El Gobierno pedirá esta semana a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que le admita un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La sentencia dice que no cabe recurso porque 'el litigio es una cuestión de personal'. El Ejecutivo lo rebatirá con argumentos constitucionales para que sea el Supremo quien decida y, en su caso, anule la sentencia. El principal argumento es que 'fuera cual fuera la naturaleza del acto' en el que se basa la sala para declararse competente y resolver el litigio planteado por CC OO, 'éste queda subsanado por el Presupuesto votado por las Cortes'.

La primacía de las Cortes en la potestad legislativa recogida en la Constitución será así el gran caballo de batalla. Pero la sentencia, en su tercer argumento jurídico, da un varapalo a esa pretensión. Argumenta que fue la Administración (el Gobierno del PP, en 1996) quien vulneró una ley aprobada por las Cortes en 1990 que le obligaba a negociar el incremento de las retribuciones de los funcionarios. Una ley, dice la sentencia, que no es una mera declaración retórica, sino una norma que vincula a 'todos los poderes públicos'.

El Gobierno incumplió además un acuerdo firmado entre el anterior Ejecutivo y los sindicatos que le obligaba a aplicar un incremento automático en el salario de los empleados públicos igual a la inflación prevista en los Presupuestos. La sentencia equipara este acuerdo con otros 'compromisos previos legalmente adquiridos', y cita, por ejemplo, la contratación de obras, las devoluciones de impuestos, o las subvenciones legalmente reconocidas 'que suponen un gasto que la Administración unilateralmente no puede eliminar'. Por ello, concluye, 'no es posible que, so pretexto de la elaboración de los Presupuestos, se eliminen compromisos de gastos válidamente asumidos por la Administración y cuya exigibilidad viene establecida por la ley'.

Pero si todos estos argumentos pesan más que las objeciones que presentará el Gobierno, el PP está dispuesto a utilizar su mayoría absoluta en ambas Cámaras para bloquear el pago de la factura de la sentencia.

El portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons, argumenta que para pagar a los funcionarios el Gobierno tendría que pedir a las dos Cámaras la aprobación de un crédito extraordinario. Y prosigue: '¡Y cómo van a aprobar las Cortes un crédito que modifica una ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento; cómo van a dar el visto bueno a un crédito que está detrayendo una competencia que corresponde al Parlamento!', como es la aprobación del Presupuesto. Es más, añade, la sentencia obliga a la Administración pero no a las Cortes soberanas. Este portavoz popular apostilla que si la sentencia llegara a ser firme y obligara al Ejecutivo, habría otra salida para las Cámaras: plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. El PP está dispuesto a utilizar su mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado para poner en marcha ese conflicto. No ve tan fácil, sin embargo, que las Cortes se personen en la causa si ésta no llega antes al Constitucional. El artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contempla conflictos constitucionales del Gobierno con el Congreso, el Senado o el Poder Judicial sobre sus competencias.