El Gobierno de Aznar incentivará la jubilación después de los 65 años

La negociación para renovar el Pacto de Toledo de pensiones está pendiente del pulso que mantienen el Gobierno, la patronal y los sindicatos por la edad de jubilación real. El Ejecutivo de Aznar está dispuesto a incentivar el retraso del retiro mediante la exención de cotizaciones para quienes permanezcan activos después de los 65 años. Por contra, las centrales apuestan por la extensión de la jubilación anticipada y, sobre todo, aseguran que el acuerdo no será posible si no se reducen las penalizaciones para quienes se ven obligados al retiro antes de los 65 años.

En los borradores que prepara el Ministerio de Trabajo se dice que 'la demografía tiene una mayor repercusión en la evolución del sistema de pensiones'. Por ello considera conveniente que la regulación de las pensiones de jubilación no impida una presencia social activa de los ciudadanos, porque ello repercute 'en la propia autoestima del trabajador, tiene efectos positivos sobre el sistema de pensiones y presenta ventajas para la sociedad, que puede aprovechar las experiencias de los trabajadores de más edad'.

Su propuesta es acometer 'la flexibilidad de la edad de jubilación', manteniendo en los 65 años la edad legal de acceso. Pero al tiempo, plantea la modificación de la regulación de la jubilación parcial, haciendo compatible el cobro de esa pensión y la actividad laboral a partir de los 65 años.

Para los trabajadores que opten voluntariamente por no retirarse, se propone la exoneración del pago de cotizaciones por contingencias comunes, siempre que reúnan estas condiciones: tener 65 o más años y haber acumulado 35 años efectivos de cotización a la Seguridad Social, sin tener en cuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Esas propuestas del Gobierno podrían ser aceptadas por la patronal y los sindicatos. Donde hay mayores problemas es a la hora de plantear la jubilación anticipada (entre los 60 y los 65 años). Los responsables de Trabajo han manifestado claramente que quieren mantenerla en sus actuales términos, es decir, que sea una posibilidad limitada a quienes empezaron a cotizar al sistema público antes de enero de 1967.

Jubilación anticipada

En consecuencia, rechaza la petición de los sindicatos de extender ese derecho a todos los mayores de 60 años que hayan cotizado más de 25 años. Asimismo, quieren que se rebajen las penalizaciones que se aplican a quienes van al retiro anticipado. Ahora se reduce la pensión un 8% por cada año que se adelanta la jubilación con carácter voluntario (40% si se produce a los 60 años) y un 7% anual cuando el retiro es forzado por la empresa (35% si se adelanta cinco años).

Junto a ello, las centrales quieren que en este proceso se establezcan medidas para resolver el problema de las prejubilaciones. Esta figura, que no tiene reconocimiento jurídico, se produce por una cada vez más frecuente expulsión del mercado laboral de los trabajadores de más edad (a partir de los 50 años). Cuando proceden de empresas grandes, éstas suelen pactar con los afectados ayudas en sus rentas. En cambio, en empresas pequeñas o con problemas económicos, la salida forzosa del trabajador se produce sin más cobertura que las prestaciones de desempleo y, al llegar a la edad de jubilación, esas cotizaciones sólo le dan derecho a la pensión mínima. En esos casos, los sindicatos proponen medidas para mejorar la base de cotización durante los años de percepción del paro.

El Gobierno plantea una medida diferente para evitar la expulsión del mercado de trabajo de los trabajadores de edad avanzada. Consiste en reducir las cotizaciones de los trabajadores con más de 55 años y que tengan una antigüedad en la empresa superior a cinco años. Esa medida también está prevista para los contratos que se suscriban con personas mayores de 55 años, una vez haya transcurrido un periodo de permanencia en la empresa de cinco años. Incluso propone una exención mayor para los trabajadores que tengan entre 60 y 65 años que acrediten esos requisitos citados.