La crisis de gestión de Castellano congela los grandes proyectos sanitarios del Consell

A seis meses del ecuador de la legislatura, la ley de ordenación sanitaria duerme el sueño de los justos. El marco legislativo a través del cual el Partido Popular pretende sentar las bases de su política sanitaria se encuentra congelado, su presentación aplazada sine die y su redacción definitiva, si existe, descansa en un disco duro, cobijada en las entrañas de los ordenadores de la consejería. El texto es la piedra angular sobre la que el Consell pretende articular un nuevo modelo sanitario basado en la extensión de las nuevas fórmulas de gestión, es decir, abrir las puertas a los centros sanitarios para acceder a presupuestos y patrimonio propio, acompañado de autonomía en la gestión. Un primer anteproyecto de la ley, que este diario hizo público en julio, perfilaba la creación de la Agencia Valenciana de la Salud, un organismo autónomo destinado a gestionar los servicios asistenciales de la Generalitat, 'sujeto con carácter general al derecho privado en sus relaciones jurídicas externas'.

No es ésta la única promesa de peso del programa electoral del PP que se encuentra lejos de ver la luz. El Plan de Salud -en primer lugar entre los compromisos para la actual legislatura- se encuentra en la fase inicial de recogida de datos entre la población a través de encuestas. Este documento, con el que cuentan la mayoría de las autonomías, es el encargado de definir y priorizar los problemas de salud de los ciudadanos y su utilidad es la de marcar objetivos sanitarios para planificar los recursos de la Consejería de Sanidad. En el apartado del debe de este particular balance se suma la indefinición que planea sobre el futuro del principal hospital de la Comunidad, La Fe de Valencia, sobre cuya situación, estructura definitiva y nuevo centro que sustituirá al actual no hay notícias. Tampoco sobre los planes anunciados para combatir las listas de espera. Ni el Plan Exprés, que adelantó el antecesor de Castellano, José Emilio Cervera, en abril de 2000, ni el Plan Óptimus, anunciado por el actual responsable de Sanidad, tienen fecha de puesta en marcha. Y ello pese a la consignación de 300 millones de pesetas reservados al primero de ellos para que echara a rodar el año pasado.

Acumulación de sobresaltos

En el haber de Castellano apenas se puede contabilizar algo más que el plan de humanización, dirigido a mejorar el confort en los centros sanitarios, y acuerdos alcanzados con los sindicatos sobre retribuciones, horarios o convocatorias de bolsas laborales

La lista de cuestiones pendientes, que van desde la arquitectura sanitaria como la ley de ordenación, a la gestión pura y dura, como los dos planes, se explica, según fuentes consultadas, por la acumulación de sobresaltos con con los que ha de lidiar la consejería. Castellano estrenó su llegada al Consell con la polémica suscitada en torno a las listas de espera. Frente a los 12.053 pacientes pendientes de ser intervenidos que reconocía oficialmente Sanidad, los registros internos de la propia consejería subían esta cantidad a 24.673, el doble de los reconocidos. Otro de los frentes abiertos que ocupó la atención de la consejería fue el conflicto abierto con los radiólogos por la privatización de los equipos de resonancia magnética nuclear de los hospitales públicos.

Pero la crisis que más ha distanciado a Castellano de Zaplana ha sido la surgida en torno a la gestión de la epidemia de legionella que ha sufrido L'Alcoià y que afectó a unas 200 personas. Y la que consolidó la separación fue la reacción de Castellano ante el rechazo suscitado por la Guía de salud para inmigrantes, editada por la consejería. Poco después de defender el documento, Zaplana desautorizó abiertamente al consejero al ordenarle la retirada de los ejemplares. El resultado de la acumulación de tropiezos ha derivado en la situación actual de dejar al margen de la agenda política sanitaria las grandes apuestas del programa sanitario del PP basados en la aplicación de las nuevas fórmulas de gestion.