Un departamento que no conoce la tregua

No es fácil encontrar un periodo de tiempo en el que bajaran tranquilas las aguas de la Consejería de Sanidad desde que Eduardo Zaplana pisó el Palau de la Generalitat para quedarse, a mitad de 1995. El primer consejero, Joaquín Farnós, ex Unión Valenciana, llegó al Consell de la mano de la polémica. Meses después de obtener del Instituto Nacional de la Seguridad Social una pensión por 'incapacidad permanente absoluta' relacionada con un infarto que padeció - paga que se concede a quienes demuestran padecer una enfermedad que les impide ejercer una profesión- fue el elegido por Zaplana para hacerse cargo de la cartera de Sanidad.

Al margen de este hecho, de la parálisis a la que el ex consejero sometió a las mesas de negociación laborales, de las denuncias de tratos de favor hacia solares propiedad de Farnós en Benicàssim y del polémico decreto 97/96, conocido como Plan de Choque, que abría las puertas a las clínicas privadas para intervenir pacientes de la sanidad pública, el principal problema con el que tuvo que lidiar Farnós fue la crisis de la hepatitis C. El contagio masivo de enfermos operados en el hospital La Fe de Valencia y la Clínica la Salud, atribuido al anestesista Juan Maeso, llevó a Farnós ante el juez. El ex consejero declaró en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por un presunto delito de revelación de secretos al hacer públicos datos sobre la instrucción del caso de la hepatitis C, acusación que se archivó meses más tarde, en mayo de 1999. Sin embargo, a meses de las elecciones autonómicas aún se permitiría dar un último susto a Zaplana anunciando sin consulta previa la futura creación de un nuevo hospital La Fe, dejando descolocado una vez más al Gobierno popular.

Su sucesor en el cargo, José Emilio Cervera, tampoco tuvo una gestión tranquila. Si bien más por motivos ajenos a sus decisiones al frente de la consejería que por su forma de dirigir la sanidad pública valenciana.En los 10 meses que se sentó en el Consell tuvo que hacer frente a la revelación de que cobraba un sueldo extra de vivienda pese a residir en Valencia, a la fuerte crítica que despertó el anuncio de privatización de los servicios de resonancias magnéticas o el haber ocultado al registro de intereses que su mujer participaba en una empresa informática. Precisamente fue la relación de su mujer con una empresa informática la que forzó su salida del Consell, provocada por una denuncia presentada por Esquerra Unida en la que se acusaba a Cervera de los delitos de fraude, tráfico de influencias y exacción ilegal y negociación y actividad prohibida a los funcionarios.