Los expertos afirman que el precio de la vivienda crea desigualdad social

'El derecho a la vivienda se ha convertido en un objeto de mercado. O dispones de dinero o te quedas fuera del sistema'. De esta forma, el sociólogo Joan Costa constató hace unos días hasta qué punto la vivienda es ya uno de los principales factores de desigualdad social. Una conclusión con la que coincidieron otros especialistas que participaron en el Segundo Simposio sobre las desigualdades sociales en Cataluña, organizado por la Fundación Jaume Bofill, celebrado la semana pasada en Barcelona.

Joan Costa presentó en el encuentro los primeros resultados de un estudio que está realizando y del que se deduce que la situación de infravivienda en Cataluña es 'muy grave'. Se han erradicado los casos más problemáticos en los que no existía un nivel mínimo de habitabilidad como en Torrebaró y Vallbona, pero el estudio constata que los edificios en condiciones deplorables en los núcleos antiguos de las ciudades, y la autoconstrucción de casas son todavía una realidad.

Se trata de viviendas reducidas, que en muchas ocasiones no disponen de instalación eléctrica, ventilación, alcantarillado, ni lavabos. Ancianos e inmigrantes, principalmente, viven en esta situación en Ciutat Vella, la Barceloneta, la Mina (Sant Adrià de Besòs), el casco antiguo de Manresa y de Lleida o el barrio de la Salud de Badalona, entre otros. Las cifras más recientes sitúan en 230.000 el número de viviendas en estado ruinoso o deficiente.

'Tenemos un sistema de viviendas sin mecanismos de protección para las personas que no disponen de un hogar', explicó Carme Trilla, economista y miembro de la asociación Mesa para una Vivienda Digna. En su opinión, la política de vivienda que se lleva a cabo en España es equivocada porque el Gobierno tiene que negociar créditos con las entidades financieras, y una vez conseguido el dinero cede la gestión a promotores privados en un 90% de los casos.

En manos del mercado

Por tanto, está en manos del mercado inmobiliario que se creen o no viviendas de protección oficial, a pesar de que la legislación prevé planes de vivienda y normativas de liberalización del suelo para obtenerlo a mejor precio. En definitiva, 'las normativas que afectan a la vivienda son inoperantes' y las administraciones actúan de forma descoordinada, asegura Trillas.

Ante esta situación, en el simposio se mencionaron métodos que se utilizan en otros países europeos, como destinar un porcentaje del ahorro colectivo o de la fiscalidad del salario a la construcción de viviendas de protección oficial. Y se plantearon soluciones, como que la administración busque la colaboración de entidades, cooperativas y fundaciones sin ánimo de lucro o promotores privados que se comprometan a edificar viviendas de protección oficial.

Mientras tanto, unas 1.700 personas están en la lista de espera del Patronato Municipal de Vivienda de Barcelona, una entidad que construye y proporciona viviendas a jóvenes, jubilados e inmigrantes y personas con ingresos inferiores al millón de pesetas anuales y que, por lo tanto, no tienen los recursos para 'participar en el mercado privado'.