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El Gobierno y el Poder Judicial

Si la doctrina constitucional clásica se basa en la independencia de tres grandes poderes -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial- y en el equilibrio de sus relaciones institucionales, tengo la impresión de que estamos a punto de infligir un duro golpe a la doctrina y al funcionamiento del sistema. Dos temas bien recientes están dando un serio toque de alarma. Uno de ellos es el conocido asunto del indulto por sorpresa del ex juez Gómez de Liaño. Otro, más reciente, la sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado la congelación salarial de los funcionarios que el Gobierno del PP impuso en 1997. En ambos casos, el Gobierno, seguro de su mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se ha enfrentado duramente con el Poder Judicial. Y mucho me temo que esto no es más que el comienzo de una batalla que va a tener otros avatares parecidos.

El caso de Gómez de Liaño es, de hecho, la fase final de una rocambolesca historia que empezó hace ya algunos años y que alcanzó sus aspectos más crudos y alarmantes pocas semanas después de que el PP ganase por muy escaso margen las elecciones generales de 1996. Con la excusa de regularizar las televisiones de pago y las transmisiones deportivas -recuerden la llamada 'ley del fútbol'-, el PP lanzó una furibunda campaña cuyo objetivo no era otro que favorecer a sus amigos mediáticos y destruir a los que consideraba sus enemigos. La batalla fue insólita no sólo por la violencia de los debates, sino también porque abría una etapa oscura y mezquina, totalmente nueva para todos nosotros, los parlamentarios de la oposición, que nunca habíamos conocido un clima tan sórdido y unas maneras tan brutales como aquéllas desde el comienzo de la democracia.

Pero aquello sólo era una parte del asunto. Al PP no le bastaba la ofensiva parlamentaria, y no sólo pidió y consiguió que sus amigos mediáticos entrasen en la contienda, sino que recurrió a otros amigos, los del sector más delicado, pero más contundente a la postre: el Poder Judicial. Entre ellos estaba el juez Gómez de Liaño. Fue, por consiguiente, la primera andanada o, más exactamente, el primer ataque contra el Poder Judicial como poder independiente.

El segundo asunto, el de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la congelación salarial de los funcionarios, tiene otro carácter, pero el Gobierno lo entiende como otra batalla contra un Poder Judicial que él no controla y que, por consiguiente, no se somete a sus decisiones y a sus alardes políticos.

En ambos casos, el Gobierno, afincado en dos de los poderes de la trilogía constitucional -el Ejecutivo y el Legislativo-, ha planteado sendas batallas jurisdicionales, ha intentado romper la cohesión del propio Poder Judicial y ha conseguido que los poderes mediáticos que le son fieles lanzaran una gran ofensiva contra los jueces y magistrados que no se arrodillan a sus pies, aunque está por ver si estos mismos poderes le seguirán hasta el final, sobre todo en el caso de la congelación salarial de los funcionarios, un tema que puede convertirse en un incendio capaz de sobrevolar muchas barreras, políticas y mediáticas.

El resto es conocido, sobre todo porque el Poder Judicial, alarmado en el caso Gómez de Liaño por lo que podía ser el comienzo de una auténtica destrucción de su propia tarea y de su prestigio profesional, entró a fondo en el asunto y se encontró con lo peor que le podía pasar: uno de sus miembros había utilizado el cargo para prevaricar a favor del Gobierno. Era exactamente lo que ningún poder judicial en una democracia moderna puede aguantar, y menos todavía ocultar. Y en el caso de la deuda a los funcionarios está por ver si este mismo Poder Judicial aceptará una batalla jurisdiccional que puede acabar debilitando al conjunto de sus estructuras y de sus principios.

En definitiva, tenemos un Gobierno que dice defender con grandes aspavientos la Constitución un día sí y otro también y que, a la vez, se lanza a batallar contra el Tribunal Supremo para satisfacer a un juez prevaricador y contra la Audiencia Nacional para no pagar lo que debe a sus funcionarios, rompiendo con ello el indispensable equilibrio entre las grandes instituciones del Estado. El Poder Judicial podrá cometer y comete errores, pero es un poder que no podemos ni debemos zarandear, ni menos todavía derrotar. Y el Gobierno, que comete todavía más errores, no debe ni puede resolver sus propias contradicciones y sus insuficiencias creando un gran conflicto institucional para cerrar la boca a un juez que no cumplió su deber como tal o para no satisfacer la deuda que contrajo con su propio personal.

Esperemos que predomine la serenidad, pero creo que el Gobierno está atrapado en muchos frentes, no está preparado para encajar presiones ni para enfrentarse con este tipo de problemas, sigue creyendo que el Estado es suyo y que nadie le puede pedir cuentas y que, por consiguiente, tendremos que pagar el altísimo precio de ver cómo se quiebran algunas de las estructuras más delicadas de nuestro Estado democrático. Y esto, ni lo podemos admitir ni lo podemos aceptar en silencio.

Jordi Solé Tura es senador del PSC-PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0026, 26 de enero de 2001.

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