Dificultades legales retrasan el plan de choque para evitar la 'fuga de cerebros'

Centenares de investigadores españoles trabajan en el extranjero y otros muchos han abandonado la ciencia porque el sistema español, tras haber financiado su formación, no les ofrece trabajo. A pesar de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología se comprometió el año pasado a poner en marcha a principios de este año un plan de choque para paliar esta fuga de cerebros mediante los primeros 800 contratos (de cinco años prorrogables otros cinco) previstos en el IV Plan Nacional de Investigación (2000-2003), aún está buscando la fórmula para hacerlo porque no caben en el marco legal actual.

El problema de la fuga de cerebros, aunque se ha agravado en los últimos años, no es nuevo, y tampoco la intención de resolverlo. Hace seis años se crearon contratos de reincorporación en un intento de copiar la fórmula más frecuente en los países del entorno para atraer a los investigadores jóvenes más brillantes. Pero la copia fue burda: en vez de ofrecer un contrato de unos cinco años de duración, tras el cual el investigador es evaluado para acceder a una plaza permanente -lo habitual por ejemplo en Francia y Estados Unidos-, se crearon contratos de tres años, renovables por otros dos (llamados 3+2), que siempre deben estar asociados a un proyecto de investigación en marcha. Y apenas se han creado puestos de trabajo nuevos, ni en las empresas ni en el sector público, para absorber a estos investigadores.

José María Mato, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 1994, recuerda que entonces 'se intentaron fórmulas distintas a la del 3+2, pero no fuimos capaces. El motivo fue que, tal como estaba la legislación, si se contrataba a un investigador por más de tres años había que hacerle fijo... ¿Y cómo te deshaces entonces de los que no han ido bien en ese tiempo?'.

Situación desesperante

Así que el 3+2, improrrogable, es la fórmula vigente hoy, y no ha resuelto el problema del drenaje de investigadores. Además, la obligación de que el contrato esté unido a un proyecto ya en marcha implica que si tal proyecto finaliza antes de tres años el investigador pierde su puesto, a menos que logre engancharse a otro grupo y completar los años a que tiene derecho. Para Fernando Giráldez, vicerrector de investigación de la Universidad de Valladolid, 'la situación es muy desesperante'. Él y muchos de sus colegas han visto como los mejores investigadores de su universidad, acabado su contrato, han tenido que volver a marcharse o simplemente abandonar la ciencia. 'Gente con entre treinta y cuarenta años, con varios años de estancia en centros de excelencia en el extranjero, filtrados a su vez para retornar con un contrato de reincorporación y después...al paro', dice Giráldez.

En el IV Plan Nacional de I+D se retomó el compromiso de los contratos de cinco años más otros cinco prorrogables pero el año pasado, el primero de este plan, que coincidió con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no se hizo nada al respecto. El secretario de Estado de Política Científica, Ramón Marimón, anunció repetidamente, sin embargo, estos contratos (la última vez en diciembre en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado en la que hizo la oferta de 800 de estos contratos para el primer trimestre del 2001). El pasado martes Marimón, en Barcelona, recortó el plazo a dentro de un mes, es decir, finales de febrero y aseguró que la mayor parte de los contratos sería para el sector público y el resto sería para empresas (éstos ligados a proyectos), informa Efe.

Pero el obstáculo que impidió estos contratos hace seis años sigue ahí, y, según varios vicerrectorres de investigación, miembros de la comisión que se reúne semanalmente con responsables del ministerio para tratar este asunto, éstos aún no han dado con la solución. Giráldez explica: 'El problema de estos contratos es el marco legal. Hoy por hoy sólo podrían llevarse adelante por medio de lo que se llama contrato de obra o servicio, lo que tiene muchas limitaciones, incluye a los investigadores entre los PAS (personal de administración) y si supera los 3 años, crea ciertas responsabilidades y obligaciones en las instituciones que llevan a litigios frecuentes en magistratura. La Ley de la Ciencia y la LRU no ofrecen margen de maniobra para hacer contratos laborales de personal docente e investigador fuera de las figuras actuales, que no contemplan el perfil de un investigador contratado. Es decir, estamos entre la obra o servicio y los profesores asociados, pero mal'.

Para Agustín Zapata, vicerrector de Investigación de la Universidad Complutense (Madrid), 'no es que la situación esté bloqueada. El ministerio tiene voluntad clara de sacarlos, pero hay aspectos muy complicados por resolver. Y hay que hacer hincapié en que, o se trabaja deprisa, o se perderá también el segundo año del plan nacional. Y sería un desastre'.

Cambiar la ley

Una solución pasaría por cambiar la Ley de la Ciencia, que es la que obliga a contratar para un proyecto -es decir, por obra o servicio-, lo que a su vez impone el plazo máximo de tres años si no se quiere que el contratado reclame la fijeza. Pero para los vicerrectores esto llevaría demasiado tiempo. Su propuesta pasa más bien por 'buscar fórmulas transitorias mientras se modifica la ley', explica Marius Rubiralta, vicerrector de investigación de la Universidad de Barcelona. Una de estas fórmulas sería que el investigador 'fuera contratado inicialmente como ahora, por obra o servicio -unido a un proyecto ya existente-, pero de forma que, durante la ejecución de ese proyecto, él pueda ya solicitar un proyecto propio. Excepto al principio, el sueldo del investigador se financiaría de ese segundo proyecto', explica Giráldez. El cambio respecto a la situación actual sería un compromiso por parte del Gobierno de ofrecer financiación para un horizonte de cinco años, pero no está claro cómo se concretaría dicho compromiso. Sin él, la promesa de los contratos por cinco años quedaría incumplido.

Los vicerrectores creen que la fórmula anterior daría tiempo a cambiar las leyes actuales, para que sea finalmente posible contratar al investigador por cinco años desde el principio. Otra posibilidad es la creación de una fundación, 'una entidad de derecho privado capaz de emplear sin las restricciones de la administración pública', indica Giráldez. 'Es una buena idea, pero no sé cómo van a poder articularla'. Esta iniciativa ya ha sido tomada por la Generalitat de Cataluña, dentro del tercer plan autonómico de investigación.

Algunas fuentes opinan, no obstante, que el problema de fondo es el escaso dinero existente para la ciencia en España. 'La idea es que al final del ciclo completo de 5 + 5, tras una evaluación previa, la institución ha de contratar al investigador. Y el problema entonces es cómo financiarle', indica Rubiralta.