El Tribunal de la Competencia denuncia que la liberalización eléctrica 'no ha tenido efectos'

En el resumen y conclusiones -un total de 14- del expediente, previo al dictamen final, el Tribunal de la Competencia no pone paños calientes. 'El Tribunal', afirma el informe enviado al Gobierno, 'considera que si bien se dispone de una Ley del Sistema Eléctrico con una clara filosofía procompetencia, la actual estructura del sector, junto con un insuficiente desarrollo normativo de dicha ley, y la constatación de que existen importantes barreras de entrada, tanto en la generación como en la comercialización, hacen que el grado de contestabilidad (sic) de estos mercados sea muy reducido'. En otras palabras, la intención del Gobierno cuando en 1997 aprobó la llamada Ley Eléctrica era buena, pero sus resultados no han sido demasiado brillantes.

Barreras de entrada

Remacha esta idea en la conclusión undécima del informe, que afirma: 'El Tribunal no puede ignorar que los esfuerzos de liberalización de la generación y comercialización de la energía eléctrica no han tenido hasta el momento efectos, ya que las fuertes barreras de entrada han impedido el acceso de nuevos competidores'. Una situación poco halagüeña desde el punto de vista de la competencia, ya que, en opinión del Tribunal, 'estas condiciones de mercado cerrado persistirán a medio plazo en cualquier caso y, con ellas, la estructura empresarial desequilibrada e ineficiente que se ha descrito en este informe'.

Los escasos efectos de la liberalización hacen que 'el mercado eléctrico español presente en la actualidad un grado de concentración muy elevado', explica el organismo que preside Gonzalo Solana. 'Cuatro únicas empresas producen electricidad, y las dos que se concentran [Endesa e Iberdrola]', añade, 'controlan alrededor del 80% de la energía generada anualmente'. 'Se ha constatado la existencia de poder de mercado por parte de las empresas que se concentran, mientras que las demás son básicamente precioaceptantes', concluye.

La situación de falta de competencia no se produce en un segmento concreto del mercado de la electricidad. El Tribunal de la Competencia explica que en el mercado mayorista organizado, las compras de electricidad 'proceden en un 98,6% de empresas distribuidoras o comercializadoras pertenecientes a los mismos grupos que las de generación'. Se da, como consecuencia, una 'integración vertical que dificulta notablemente la entrada de comercializadoras en el mercado español'.

Tal situación se produce allí donde se pone la mirada. Así, argumenta el Tribunal, 'Endesa e Iberdrola son titulares de más del 65% de las líneas de 220 kilovatios y de más del 50% de los transformadores existentes para reducir la tensión de 400 kilovatios. Unión Fenosa e Hidroeléctrica del Cantábrico son también propietarias de activos de este tipo, pero su presencia es muy reducida. Esta situación supone un elevado grado de integración vertical, haciendo posible prácticas dilatorias y discriminatorias en perjuicio de los competidores'.

Dominio individual

Con todo lo argumentado, el Tribunal considera conveniente, entre otras condiciones, que se limite la capacidad de generación de la nueva Endesa-Iberdrola al 35%, que la compañía fusionada venda todos sus activos de transporte de alta tensión y que se prohíba el intercambio de activos. Y ello porque 'el Tribunal considera que, tal y como está notificada la operación, se pasa de una posición de dominio colectivo a una posición de dominio individual a favor de la empresa resultante'.

Unión Fenosa aseguró que el dictamen del Tribunal de la Competencia está en línea con las alegaciones a la fusión que presentó en su momento. Ayer, también se pronunciaron acerca de la fusión eléctrica tanto el BBVA (controla un 9,5% de Iberdrola y un 2,3 de Endesa) como la Generalitat de Cataluña. El vicepresidente y consejero delegado del banco, Pedro Luis Uriarte, aseguró que la entidad condicionará su apoyo a la operación a que ésta genere valor para el accionista. Por su parte, el conseller de Industria de la Generalitat, Antoni Subirà, afirmó que su Gobierno 'defenderá todos aquellos elementos que permitan la competencia efectiva en el mercado eléctrico'.