La presentación de una nueva prueba retrasa el juicio del 'caso Priorat'
La vista oral por el llamado caso Priorat, abierto a raíz de las supuestas irregularidades económicas y contables cometidas en el consejo comarcal cuando estuvo gobernado por el convergente Josep Maria Buil, no pudo iniciarse ayer al ser presentada a última hora por el abogado de Armand Gutiérrez, administrador de Ecológica, SA, una nueva prueba que el juzgado instructor había rechazado 'por extemporánea'.
La nueva prueba es el proyecto de un vertedero de residuos sólidos, uno de los trabajos que el fiscal considera que nunca se realizaron pese a que el consejo pagó por él. Según explicó el letrado de Gutiérrez, Antoni Viñas, la importancia de la prueba radica en que Ecológica 'está siendo acusada de no haber realizado los trabajos por los que cobró', por lo que la aportación del proyecto refrendaría lo contrario. 'El resto de los trabajos que se supone que no se hicieron ya están acreditados como hechos tanto en los archivos del consejo como en los de la Generalitat', dijo.
Viñas reconoció, sin embargo, que el trabajo se tuvo que acabar después de que estallara el escándalo, 'porque el consejo no se pronunció sobre el lugar donde tenía que ubicar la planta de residuos'. La presentación de la nueva prueba estuvo a punto de retrasar el inicio del juicio hasta el mes de junio. Ello motivó las críticas del propio presidente del Tribunal, Rafael Albiac, que la calificó de 'sorpresiva' y dijo que era causa de 'entorpecimiento del acto oral'. Finalmente, las partes se avinieron a estudiar la prueba, de más de 700 folios, durante la tarde de ayer e iniciar hoy el juicio.
Ayer, defensores de los nueve imputados (cinco políticos, dos empresarios y el gerente y el secretario del consejo) alegaron indefensión, bien porque no fueron informados de qué se les acusaba durante la instrucción, bien porque la redacción de las conclusiones del fiscal, del consejo comarcal o de la Generalitat no describe, según ellos, tipo delictivo alguno, o no coincide con los que se alegó durante la instrucción.
En el juicio deben testificar, además de los nueve acusados, más de cuarenta testigos, entre ellos el entonces consejero de Gobernación, Xavier Pomès, y Pere Pujol, hijo del presidente de la Generalitat, que trabajó en Ecológica. Está previsto que la vista se prolongue hasta el próximo lunes. El caso Priorat estalló en 1995, cuando UDC se hizo con la presidencia del consejo y denunció la existencia de irregularidades cometidas durante la gestión convergente, consistentes supuestamente en desviar facturas falsas a través de empresas fantasma o reales que servían para cobrar subvenciones de la Generalitat.
