España negocia reservar a ecuatorianos hasta un 30% del cupo anual de inmigrantes
Ecuador y España están negociando un convenio bilateral que reservará a los ciudadanos de este país suramericano hasta un 30% del contingente anual de inmigrantes, si prosperan las pretensiones del Gobierno de Quito. Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, el convenio prevé, además, la creación de una comisión bilateral, con sede en Quito, que analizará las solicitudes de los aspirantes y las pondrá a disposición de los empresarios españoles. El secretario de Estado español de Extranjería, Enrique Fernández Miranda, visitará Ecuador el miércoles para negociar el acuerdo.
España quiere que Ecuador -el país del que eran originarios los 12 inmigrantes irregulares fallecidos el 3 de enero arrollados por un tren en Lorca (Murcia)- sea el laboratorio de su nueva política de inmigración, en virtud de la cual los trabajadores extranjeros deben llegar de forma legal, con un contrato expedido por los consulados españoles en su país.
Para ultimar este acuerdo, que se negocia desde hace seis meses, llegará el miércoles a Quito Enrique Fernández Miranda, a quien seguirá el 31 de enero, ya para rubricarlo, el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.
Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano explicaron que se está negociando la posibilidad de reservar a los inmigrantes de este país hasta un 30% del contingente de trabajadores extranjeros que, según las mismas fuentes, se situará entre 100.000 y 120.000 anuales. Una cifra muy superior a la de 1998 y 1999, los dos últimos años en que hubo cupo, cuando rondó los 30.000.
El diario El Comercio de Quito difundió el pasado día 11 unas declaraciones del secretario de Estado español de Extranjería en las que cifraba en 40.000 el cupo anual para los ecuatorianos durante los próximos cinco años.
Con el convenio bilateral, Ecuador pretende paliar los efectos de la nueva Ley de Extranjería. 'España cierra sus puertas a los emigrantes del mundo, pero abre otras, selectivas, y una amplia y exclusiva para los ecuatorianos', dice Leonardo Carrión, director de la oficina de Ecuatorianos en el Extranjero del Ministerio de Exteriores. 'Si no firmamos este convenio, los ecuatorianos tendremos pocas oportunidades de trabajar en España', advierte.
Para Ecuador, que enfrenta una crisis económica que ha obligado a emigrar en apenas dos años a entre 300.000 y 350.000 personas, este convenio, de gran significación 'emocional', podría encauzar la estampida migratoria, opina el diplomático.
Los emigrantes serán seleccionados por una comisión bilateral, que analizará las solicitudes y las clasificará en función de las demandas de los empresarios, que deberán presentar las peticiones al Gobierno español.
'Dos factores hacen de éste un acuerdo inédito', subraya Carrión: ésta es la primera vez que el país de origen participa del proceso de manera directa y, además, el convenio admite la contratación de trabajadores permanentes, aunque todos deberán cumplir un tiempo de prueba.
El convenio no especifica un mecanismo para contratar asistentes del hogar, actividad de gran parte del colectivo inmigrante. Por otro lado, según Carrión, se negocia la creación de un fondo español para financiar actividades productivas en el país de origen.
El embajador ecuatoriano Luis Gallegos, subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, admite, no obstante, que el nuevo convenio no podrá eliminar la emigración ilegal a España.
'En el marco de la nueva Ley de Extranjería, y tras la suscripción del convenio, la situación de un ecuatoriano sin papeles en España se tornará muy difícil', dice. Según Gallegos, se espera que los controles migratorios se incrementen de forma sensible.
Plenos derechos
'Buscamos un sistema de protección para que el ciudadano que ha decidido emigrar lo haga con plenos derechos y que, a la vez, frene el tráfico y la explotación de personas', dice Gallegos.
Pero la negociación enfrenta un problema. El Gobierno ecuatoriano demanda que el español acceda a regularizar a los que actualmente están indocumentados en España. 'Si no encontramos un camino para resolver el problema en su globalidad, puede ser que no nos interese firmar el convenio', dice Gallegos. No se descarta que el cupo de 2001 sea cubierto por ecuatorianos que ya están en España, unos 150.000, según la asociación Rumiñahui.
El subsecretario considera 'poco práctica' la propuesta de Fernández Miranda de pagar el pasaje de avión de los indocumentados, para que tramiten su visado en Quito. 'Si son 40.000 los que deben regresar para arreglar sus papeles, hablamos de 80.000 viajes', dice. Aclara, sin embargo, que su ministerio no ha recibido la propuesta de traslado de manera oficial. La Secretaría de Estado española de Extranjería se negó a comentar el contenido del acuerdo con Ecuador, alegando que aún se está negociando.
No obstante, Fernández Miranda sí hizo declaraciones a Radio Nacional, en las que dijo que el objetivo del convenio es que los inmigrantes vengan con contrato, como hacían los españoles que emigraban a Europa en los 60.
