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MEDIO AMBIENTE

Matas tiene vía libre para aprobar el día 30 el trasvase del Ebro

Los usuarios del Tajo-Segura pagarán por el mantenimiento de la presa privada de AlarcónLa mayoría de los vocales del Consejo del Agua son favorables al Plan Hidrológico

La composición del órgano consultivo que dictaminará el plan hidrológico descarta cualquier sorpresa de última hora. El Gobierno dispone de mayoría abrumadora en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua, que después de un último repaso al anteproyecto, la semana próxima, aprobará su informe el día 30, antes de remitirlo al Consejo de Ministros. La mayor parte de las modificaciones introducidas, tras el estudio de las alegaciones, son de carácter ambiental (su borrador inicial carecía de estos matices). Otras son fruto de negociaciones con las comunidades autónomas y con los regantes, el sector que más hincapié ha hecho para salvaguardar sus intereses. Las más destacadas son las siguientes:

- Trasvases actuales. Los trasvases que había antes de la Ley de Aguas (1985) se regularán por sus propias leyes, siempre que no se opongan al Plan Hidrológico. De mantenerse esta disposición, quedarían como subsidiarias algunas normas del plan de la cuenca del Tajo (recurrido ante el Supremo por los regantes del trasvase Tajo-Segura), que impone unas reservas de 260 hectómetros en la cabecera del río, así como la obligación de que se atiendan con estas aguas los abastecimientos de la llanura manchega (en la cuenca del Guadiana) con preferencia al trasvase del Segura.

- Ebro. Cada año se trasvasará un volumen bruto de 1.050 hectómetros cúbicos de agua desde el Ebro con el siguiente reparto: 190 para Cataluña, 315 para la Comunidad Valenciana (Júcar), 450 a Murcia y zonas limítrofes (Segura) y 95 para Almería.

- Canon de trasvase. Se compone de la cuota ambiental (cinco pesetas por metro cúbico, revisable) y la cuota de uso. Ésta cubrirá los gastos de inversión, amortización y gestión, así como una compensación a los territorios de la cuenca cedente o de tránsito.

- Minitrasvase a Barcelona. Se prolonga la conducción del minitrasvase actual Ebro-Tarragona hasta Barcelona con el mismo caudal -cuatro metros cúbicos por segundo-, siempre que no se comprometan las garantías de los regantes del delta. Esta prolongación supondrá un reajuste en las concesiones actuales. En las alegaciones de la Generalitat se proponía disminuir las tomas del Ebro y comprar agua a los regantes que alegan poseer una concesión de 1.500 hectómetros cúbicos anuales.

- Cierre del registro de pozos. Pese a que en 1996 se cerró el plazo para registrar los pozos, no cesan de presentarse solicitudes de pozos viejos como si fueran nuevos. Los que no estén registrados a los tres meses de entrar en vigor el Plan Hidrológico sólo se inscribirán por mandamiento judicial.

- Alarcón. Propiedad de Iberdrola y los regantes del Júcar, el embalse tiene una capacidad de 1.113 hectómetros cúbicos y sirve de canal para el trasvase Tajo-Segura. El Gobierno pasará a utilizarlo también como almacén de agua, a cambio de indemnizar a sus propietarios, tanto por el agua que se evapore como por el lucro cesante, si se vierte agua que no pueda ser turbinada. Los usuarios del Tajo-Segura también contribuirán a los gastos de mantenimiento de la presa.

- Cambio de concesiones. Los beneficiarios del trasvase cederán sus actuales concesiones de agua a cambio de las del agua trasvasada. Sólo tendrán derecho al trasvase los de zonas delimitadas y sobreexplotadas.

- Garantías para Aragón. El plan declara de interés general todas las obras incluidas en el Pacto del Agua de Aragón, que incluyen varios embalses e infraestructuras para regadíos y abastecimientos. Sólo se utilizarán como reservas para el trasvase los embalses de Mequinenza y Ribarroja. No obstante, se podrán usar, previo pago de una tarifa, las infraestructuras de nueva creación y las existentes en las cuencas afectadas, incluidas las de tránsito, teniendo en cuenta el carácter preferente de los usos propios de la cuenca'.

- Sequías, inundaciones. Las poblaciones de más de 20.000 habitantes diseñarán planes de emergencia, con indicadores de alerta, para afrontar las sequías. Las administraciones delimitarán las zonas inundables. El Ministerio de Medio Ambiente debe suscribir convenios con las administraciones locales para erradicar las construcciones ilegales dentro del dominio público hidráulico o zonas inundables. Éstas y otras sugerencias de carácter ambiental han sido aportadas por Ecologistas en Acción, que representa a los colectivos conservacionistas en el Consejo Nacional del Agua.

- Dobles redes urbanas. Medio Ambiente promoverá la instalación de dobles redes de distribución urbana, el uso de especies vegetales de jardinería urbana que demanden poca agua y el fomento de aguas recicladas.

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