Tres desafíos

La televisión pública ha sido objeto de controversia durante las últimas décadas, aunque sólo en algunos momentos -como sucede ahora- tanto los medios de comunicación como los líderes políticos han dedicado una atención prioritaria a esta cuestión. Los aspectos básicos que deben resolverse son tres: un modelo de gobierno que garantice la independencia, una estrategia de programación orientada a la emisión de programas de calidad y un sistema de financiación que permita a los entes públicos contar con recursos suficientes, sin depender en exceso de los ingresos publicitarios.

El principal problema para generar consensos y encontrar soluciones proviene de la posición interesada de los principales protagonistas de los debates: en líneas generales, los gobernantes desean conservar el statu quo (televisiones públicas con mucha audiencia y bastante dóciles al Ejecutivo) y los políticos de la oposición reclaman una mayor objetividad e independencia.

Los consejos de administración de las televisiones públicas reflejan la composición de los respectivos Parlamentos, lo que introduce las posibilidades de reforma de las televisiones públicas en un 'círculo vicioso': las minorías de esos consejos reclaman que los Gobiernos no puedan controlar los contenidos informativos, pero sólo pueden hacer efectivo su propósito cuando alcanzan la mayoría en el Parlamento, momento en el que comienza a convenirles que los canales públicos sean dóciles al Ejecutivo.

La televisión pública tiene sentido si se convierte en una voz autorizada en el panorama audiovisual: si proporciona información que no responde directamente a intereses comerciales o políticos, si emite programas diferenciados y de calidad, si es capaz de influir en los estándares profesionales de los canales privados.

Quizá esta última tarea pueda constituir la más valiosa aportación de los canales públicos: por ejemplo, en Gran Bretaña la calidad de los informativos de la BBC o de programas como Life on Earth han favorecido que los canales privados produzcan buenos programas de noticias y excelentes documentales de naturaleza; en Alemania, los reportajes de investigación de las cadenas públicas ARD y ZDF llevaron a RTL a programar el prestigioso Spiegel TV.

Los canales privados no emiten contenidos de la mayor calidad posible, sino aquellos que les proporcionan una mejor relación coste-audiencia; en cambio, las televisiones públicas no tienen una presión directa por la audiencia o por la rentabilidad. Esta realidad la resumía Michael Grade, antiguo director general del Channel 4, cuando analizaba el estilo de programación característico de los principales canales británicos: 'La BBC hace que todos nos comportemos honradamente'.

En España, el fenómeno ha sido casi el opuesto: los canales privados han ocasionado un deterioro de contenidos de los canales públicos; sólo los informativos han escapado al descenso generalizado de la calidad de la programación. De hecho, el éxito de los telediarios de TVE explica la fuerte inversión de los canales privados en sus servicios informativos.

El nuevo marco legal debe afrontar tres desafíos de gran calado:

1. Reforma del sistema de gobierno de los canales públicos. Los miembros de los consejos de administración no deben ser elegidos sólo por los partidos políticos y en función de su representación parlamentaria. Como sucede en otros países europeos, instituciones de particular relieve y con respaldo social deben tener capacidad de nombrar a algunos miembros de esos consejos. Así podrán exigir que los directores generales logren tres objetivos: a) máxima imparcialidad posible en los programas informativos; b) calidad en la programación, y c) el cumplimiento del presupuesto.

2. Determinación del tipo de contenidos. Los canales públicos deben poner especial énfasis en programas informativos, culturales, educativos y en otros contenidos que favorezcan la solidaridad y la cohesión social; sin embargo, no pueden ser meros complementos de lo que no emitan los privados, porque se convertirían en ofertas minoritarias, con escasa capacidad de cumplir la función de 'referente' para los demás canales.

Calidad y altos índices de consumo son objetivos compatibles: la pretendida incompatibilidad entre calidad y audiencia constituye una falacia que suele esconder falta de talento y excesivo énfasis en los resultados a corto plazo.

3. Elaboración de un plan de financiación menos dependiente de la publicidad. En algunos países -como Gran Bretaña, Japón o Australia-, las televisiones públicas se financian íntegramente mediante impuestos o subvenciones. En otros casos -como Alemania, Canadá y Holanda- se establecen límites estrictos a la publicidad, por lo que este tipo de ingresos no sobrepasa el 30% de los ingresos totales. Italia, con el 37%, y Francia, con el 50%, se encuentran en un grado mayor de dependencia publicitaria. En España, la publicidad ha supuesto estos últimos años el 64% de los ingresos de RTVE.

Sólo si los canales públicos disponen de una subvención suficiente y estable dejarán de convertirse en otros competidores más del sector, preocupados por retener su audiencia a cualquier precio. Parece razonable que no se retrase más la reforma de la televisión pública, de modo que RTVE y los canales autonómicos -por su independencia, por la calidad de sus programas y por su afán de servicio público- se conviertan en un verdadero modelo para las demás empresas de televisión.

Alfonso Sánchez-Tabernero es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.