El error de Gallardón

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha exigido la dimisión del director general de Telemadrid por considerar escasamente beligerante con la barbarie etarra un reportaje sobre el País Vasco emitido el lunes. Es posible que al actuar así haya creído limitarse a trasladar a la política informativa la línea de firmeza plasmada en el pacto antiterrorista firmado por su partido y el PSOE. Sin embargo, esa traslación es un disparate.

La experiencia irlandesa ha demostrado que no es con medidas burocráticas que cuestionen la libertad de expresión como se combaten las ideas de los terroristas. Al revés: una política antiterrorista que afecte a las libertades de los ciudadanos es el escenario más favorable para ellos. Es cierto que la lucha contra el terrorismo incluye cuestionar tonterías como que el problema es muy complejo o que todas las ideas son igualmente respetables. Pero esos tópicos se refutan con información, no con trabas a la libertad de expresión. Ruiz-Gallardón ha echado una mancha de tinte autoritario sobre una trayectoria que habitualmente se ha movido en los antípodas de ese modo de ejercer el poder.

El formato del reportaje, un encadenamiento de opiniones de dirigentes políticos y sociales, sin apenas contextualización, puede ser discutible, incluso resultar irritante para no pocos espectadores. Pero de ahí a considerar que vulneraba principios profesionales o normas exigibles a los periodistas que trabajan en una televisión pública media un abismo. Que en el reportaje aparezca Otegi defendiendo que para recuperar el clima de distensión bastaría con que los ciudadanos españoles renunciasen a defender el actual ordenamiento constitucional refleja la catadura del personaje, pero ni es una novedad ni se trata de un planteamiento que pueda refutarse destituyendo a directores generales.

Los periodistas y los medios asumen como una exigencia ética que no pueden ser imparciales frente al terrorismo y la violación de los derechos humanos. Pero ni es el caso ni le corresponde a una autoridad política medir su cumplimiento. La imagen de un presidente destituyendo de manera fulminante a un director general por un programa informativo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reformar con carácter urgente la legislación sobre las televisiones públicas de este país. Y a estos efectos no figura Telemadrid entre los modelos más abominables.