La huelga de celo de 111 jueces amenaza con bloquear la puesta en marcha de la ley civil

En Madrid hay en la actualidad algo más de 210 jueces unipersonales. Esta huelga de celo, que también desarrollan magistrados de otras provincias, coincide en el tiempo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que impone la presencia del juez en todos los actos que se celebren en su juzgado para dar cumplimiento al principio de la inmediación judicial.

Aparte de la huelga de celo,los jueces de primera instancia de Madrid -encargados de los pleitos civiles: subastas, impagos de deudas y alquileres, separaciones, divorcios- han extendido su pulso al Ministerio de Justicia y se niegan a nombrar a los trabajadores interinos que salgan de la bolsa de trabajo y 'que no estén formados para llevar a cabo la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil'. Ambas medidas pueden atascar aún más la ya de por sí colapsada justicia madrileña en un momento especialmente crítico, ya que la semana pasada entró en vigor la nueva legislación civil, cuyo objetivo es precisamente descongestionar los juzgados y acabar con los retrasos. Los juzgados de primera instancia tardan ahora en resolver sus casos unos ocho meses, admite el juez decano, y la Sección Civil de la Audiencia -que acumula 30.000 recursos pendientes de años anteriores- tarda una media de tres años.

'Justicia de calidad'

Los jueces de lo civil decidieron emprender la huelga de celo en la junta que celebraron el pasado 15 de diciembre. Setenta de los 74 magistrados de lo civil de Madrid acordaron ese día limitarse a cumplir escrupulosamente con sus horarios -37,5 horas a la semana- y no llevarse trabajo a casa. El 22 de diciembre se sumaron a esta iniciativa los 37 jueces de lo social de Madrid. Hasta ahora, muchos jueces aprovechaban las tardes para dar salida a los asuntos. Ya no lo harán.

Los magistrados, según explicó ayer el decano, pretenden con esta medida ofrecer 'una justicia de calidad a los ciudadanos'. 'La nueva ley civil', explica el juez decano, 'nos impone unas obligaciones más severas, estar presentes en todos los actos que se celebren en el juzgado, y vamos a cumplir con nuestro cometido, pero queremos hacerlo bien y con calidad'. Fernández ha informado de la huelga, que él avala, al Ministerio de Justicia. También ha comunicado la negativa de sus compañeros a tomar posesión a los interinos que no acrediten conocer la nueva ley civil.

Si los magistrados persisten en su negativa a nombrar a los interinos quedarán vacantes sin cubrir en sus juzgados. Ello perjudicará aún más la dinámica del juzgado y retrasará la tramitación de los asuntos en curso. Los tribunales se hallan en la actualidad en pleno fragor de ceses de interinos y nombramientos de sustitutos, que salen de la bolsa de trabajo para ocupar las vacantes. La designación de los nuevos funcionarios compete al Ministerio de Justicia, que los extrae de la bolsa, pero tomarles posesión es función de los jueces. Sin este trámite, los interinos no pueden actuar.

El juez decano argumenta que sus compañeros pretenden con esta iniciativa que se les garanticen funcionarios que conozcan la recién estrenada legislación y terminar así con una situación que, incluso sin las especiales necesidades impuestas por la nueva normativa, se repite año tras año: los jueces pierden tiempo formando a los nuevos interinos, a quienes les expira el contrato justo cuando han completado su aprendizaje. Entonces son sustituidos por otros 'con una absoluta carencia de formación' y la rueda vuelve a empezar. 'La política de nombramientos de funcionarios no se corresponde con las exigencias que nos impone la nueva ley civil', afirma el juez decano de Madrid.

Concha García, responsable de la sección de justicia de Comisiones Obreras, arremetió ayer contra la decisión de los jueces de negarse a tomar posesión a los interinos. García considera que esa decisión constituye una manifiesta ilegalidad. 'Hay unas normas y todos deben cumplirlas, incluidos los jueces', afirmó García.