La empresa de limpieza malagueña pactó el alquiler de unos locales antes de que su dueño los comprara

La empresa mixta de limpieza viaria y recogida de basuras de Málaga, Limasa, contrató el alquiler de dos locales que usa como cuartelillo y almacén antes de que el arrendador los tuviera en propiedad. La oposición ha anunciado que pedirá hoy explicaciones en la comisión de Medio Ambiente sobre estas operaciones y sobre las relaciones que Limasa mantiene con Comupi, constructora propietaria de las naves y que realiza habitualmente trabajos para la sociedad, entre ellos las obras de acometida de una boca de riego en el paseo marítimo de Pedregalejo que fueron certificadas y cobradas cuando no estaban aún realizadas y que son objeto de investigación en un juzgado en una causa en la que están imputadas seis personas, entre ellas la ex concejal de Medio Ambiente Ana Rico y el gerente de la sociedad, Javier Fuentes. La oposición no entiende los motivos por los que Limasa garantizó el negocio a Comupi que por ello adquirió los locales en cuestión.

Limasa y Comupi firmaron en 1997 sendos precontratos de alquiler en los que se manifestaba que la voluntad de la constructora era adquirir los locales situados en Camino de los Guindos y calle de Ferreteros, y en los que la empresa de limpieza suscribía su compromiso de alquilarlos. El representante legal de Comupi, Juan Andrés Muñoz Pino, reconoció en una comparecencia judicial el pasado 16 de octubre que adquirió los locales 'expresamente' para alquilarlos a Limasa.

Los precios de alquiler quedaron fijados en 300.000 y 500.000 pesetas mensuales. Al menos uno de los contratos, firmado el 1 de agosto de 1997, tiene como duración cinco años, periodo que excede a la concesión que Limasa tiene para la limpieza viaria de Málaga y que expira el próximo 19 de febrero. Curiosamente, el pliego de condiciones convocado por el Ayuntamiento para encontrar un nuevo socio explicita la obligatoriedad de mantener todos los locales que actualmente usa Limasa.

La empresa está participada por el Ayuntamiento (49%) y Fomento de Construcciones y Contratas (51%), que ha vuelto a concursar para mantener la sociedad junto a Urbaser.

El concejal de IU José Luis Portillo ha cuestionado también que Limasa corriera con los gastos de las obras de remodelación de los locales para adaptarlos a sus necesidades, 16 millones de pesetas en el caso del almacén de Ferreteros.

Comupi, que el año pasado llegó a acumular deudas con la Seguridad Social por más de tres millones de pesetas, es una empresa con recursos limitados, hasta el punto de que su representante ha llegado a admitir que carecía de capacidad para ejecutar la obra del paseo marítimo de Pedregalejo, presupuestada en 39 millones de pesetas, y que por ello pidió el pago anticipado.