Cinco ediles del PSOE se querellan contra el alcalde de Alcorcón y el portavoz del PP por injurias y calumnias

Cinco concejales del Grupo Municipal Socialista se querellaron por supuestas injurias y calumnias contra el alcalde de Alcorcón y presidente del PP en el municipio, Pablo Zúñiga, y contra el portavoz del Grupo Popular y secretario del partido, Francisco José Torres, por distribuir 50.000 ejemplares de un folleto en el que se acusa a los cinco ediles de adeudar a las arcas municipales 180 millones de pesetas que estaban sin justificar en el periodo de 1992 a 1994. Para ello se basaba en un informe del Tribunal de Cuentas, que fiscalizó las cuentas municipales en ese periodo.

Los cinco querellantes son el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Enrique Cascallana, y sus compañeros José Miguel de la Torre, Miguel Arranz, Manuel Lumbreras y José Quirós. A los cinco se les exige que inicien los trámites necesarios para reintegrar el dinero, que fue entregado a concejales, funcionarios y a entidades sociales para subvenciones, gastos para viajes o ayudas. Una comisión de investigación concluyó en 1999 que, de los 180 millones tan sólo estaban pendientes de justificar 2,9 millones, según un informe del interventor del Ayuntamiento.

Los cinco concejales acusan a los dos dirigentes del PP en Alcorcón de dos delitos de calumnias, ya que en el folleto se imputa a los socialistas una presunta malversación de fondos públicos -al insinuar que se llevaron parte de ese dinero-, y una supuesta prevaricación por permitir que algunos ediles y funcionarios no justificaran las cantidades entregadas por viajes o servicios. Además, los socialistas se sienten injuriados porque el folleto utiliza expresiones como 'escándalo', 'fraude' y 'verdadera vergüenza que afecta al buen nombre de nuestro Ayuntamiento'.

Cascallana acusó a los populares de 'falsear la realidad', como consecuencia del deterioro que sufre la imagen de su alcalde, Pablo Zúñiga, ante 'los continuos errores en la gestión municipal'. Éste, por su parte, asegura que se basó en la resolución del Tribunal de Cuentas, de principios de noviembre, y en informaciones publicadas por distintos medios de comunicación sobre la deuda municipal. Sin embargo, ninguno de estos medios citó a los cinco ediles.