Salud ha distribuido 15.000 tarjetas de atención sanitaria a inmigrantes que residen en Almería

El 20% de las actuaciones sanitarias, tanto en atención primaria como especializada, que se realizaron el pasado año en la zona del Poniente almeriense estuvieron dirigidas a la población inmigrante, según afirmó ayer el delegado provincial de Salud, Manuel Lucas, en la presentación del balance de gestión de 2000. Manuel Lucas explicó que la cifra de tarjetas sanitarias distribuidas hasta la fecha entre el colectivo inmigrante que está asentado en la provincia almeriense asciende ya a 15.000 y aseguró que no se ha detectado la introducción de enfermedades nuevas por parte de estas personas.

Según el delegado de Salud la situación suele ser inversa: 'Es más fácil que los inmigrantes que llegan hasta aquí puedan verse afectados por algunas enfermedades a las que los autóctonos somos ya prácticamente inmunes. Por eso debemos velar por prestar a estas personas una buena atención sanitaria'.

El pasado año la Delegación de Salud de Almería invirtió 54.000 millones de pesetas en la provincia entre gastos corrientes, pago de personal, farmacia, inversiones y subvenciones. Manuel Lucas reconoció que la numerosa presencia de inmigrantes supone un incremento en los gastos del presupuesto, aunque no concretó en qué cantidad.

Por otra parte, el sindicato Comisiones Obreras solicitó ayer la integración de la Junta de Andalucía en las mesas provinciales de contratación de empleo en el campo, organismo formado por Gobierno central, sindicatos y patronal, y que sirve para cuantificar el número de empleos necesarios en cada campaña agrícola.

Según CC OO, unos 30.000 inmigrantes trabajan como jornaleros en el campo andaluz. La mitad de ellos, indocumentada y sin contrato. El pasado año sólo se tramitaron en la región 4.000 ofertas de empleo y únicamente se gestionó el 50% de éstas.

Los empresarios se benefician, según CC OO, de esta 'desregularización'. 'Se abarata el mercado, se dan sueldos de miseria y se convierte a los trabajadores en esclavos', afirmó Paloma López, responsable de inmigración en CC OO.

La formula aplicada por los empresarios, según la tesis de Comisiones Obreras, consistiría en no ofertar los puestos de trabajos 'reales' que demanda la agricultura, con el fin de mantener el nivel de desregularización.

Esta cifra es muy inferior a la demanda real. Este desfase entre las necesidades que exponen los empresarios ante las mesas de contratación y la oferta que finalmente demandan al margen de la legalidad vendría a facilitar la mano de obra sin derechos y 'con sueldos de miseria', añadió López.

Por su parte, UGT reclamó la creación de comisiones técnicas de trabajo en las ocho provincias andaluzas para conocer las necesidades de mano de obra y evitar así la indefensión a la que están sometidos los temporeros inmigrantes.