¿Diálogo para qué? Para defender la vida

¿Quiénes tienen que dialogar? ¿Por qué tienen que dialogar? ¿Sobre qué? ¿Qué condiciones hay que ponerle al diálogo? Creemos que estos interrogantes tienen respuesta.

1. ¿Quiénes tienen que dialogar? El diálogo tiene que ser entre todos los demócratas. ¿Quiénes son 'los demócratas'? De entrada, todos aquellos que están a favor del derecho a la vida, como derecho absoluto e incuestionable, que está más allá de cualquier otro derecho. En segundo lugar, los demócratas son quienes respetan las reglas elementales de la democracia; es decir, el derecho de una sociedad de decidir su propio destino, conforme al debate político y a la regla de la voluntad de la mayoría y el respeto a los derechos de las minorías.

En nuestra sociedad, la Constitución es la encarnación jurídica de la democracia. Por lo tanto, los demócratas serán aquellos que respetan las reglas del juego allí establecidas. En primer lugar, todos aquellos partidos que condenan la violencia. En segundo lugar, el Gobierno español y el Gobierno vasco, en la medida en que han sido constituidos con arreglo a derecho; es decir, legalmente. Otra cosa es que la legitimidad política de un Gobierno esté en cuestión, pero la falta de legitimidad política no lo excluye de la categoría de 'los demócratas'.

2. ¿Qué condiciones hay que ponerle al diálogo? El respeto a la Constitución no supone estar a favor de la Constitución. La Constitución española protege la libertad ideológica (artículo 16) y el pluralismo político (artículo 6). Esto incluye la posibilidad de estar en contra de la propia Constitución, como no puede ser de otro modo en una sociedad democrática. La única exigencia del texto constitucional es que este rechazo se exprese pacíficamente y dentro de los límites que la propia Constitución establece. Y el primero y fundamental de estos límites es el derecho a la vida. Por otro lado, si la Constitución prevé su propia reforma es porque legitima la posibilidad de que en algún momento haya una mayoría en contra de algún precepto constitucional.

Por estos motivos, es ilegítimo que el PP exija al PNV y EA el abandono de su opción soberanista como condición para empezar un diálogo político. La renuncia al soberanismo del PNV y EA puede ser un contenido del diálogo, un tema a discutir, pero en ningún caso es una exigencia previa al diálogo. No es razonable que el presidente del Gobierno diga que, para empezar a dialogar, antes hay que estar de acuerdo en cuestiones que afectan a las opciones ideológicas de fondo de los partidos. El PNV y EA tienen todo el derecho a ser soberanistas, sin que ello suponga que rompen los mínimos que la Constitución les exige para ser considerados 'demócratas'.

Cuando el lehendakari propuso en agosto un foro de diálogo y puso como condición para participar en él, por un lado, la defensa incondicional del derecho a la vida, y por el otro, la aceptación previa del 'ámbito vasco de decisión' fue duramente criticado, y con razón. Se le dijo que el 'ámbito vasco' podía ser un tema a discutir en el foro, pero no una condición para participar en él. Las declaraciones del presidente del Gobierno a raíz de la manifestación de duelo por la muerte de Lluch incurren exactamente en el mismo error, pero en su versión opuesta. El PNV pretendía en agosto que el PP aceptara de facto la autodeterminación del País Vasco antes de ponerse a hablar; el PP pretende hoy que el PNV renuncie de facto a la autodeterminación del País Vasco antes de ponerse a hablar. 'Si usted no grita ¡viva la nación española indivisible! no pienso dialogar con usted'. 'Si usted no grita ¡gora Euskadi askatuta! no hay nada que hablar'. Es completamente absurdo.

Lo que sí pueden legítimamente exigir los demócratas y el presidente del Gobierno al PNV y EA es que rompan sus lazos institucionales con todos aquellos que no hacen una condena explícita de la violencia; es decir, con EH. Pero el PNV y EA no han hecho una ruptura explícita con EH, de una solemnidad equiparable a la constitución del Pacto de Lizarra. Es evidente que cuando ETA empezó a matar, el PNV y EA no deberían haber seguido ni cinco días con EH si este partido no condenaba la violencia. Lo contrario hace dudar de la lucidez o de la buena voluntad del PNV y de EA. Por ejemplo, ¿cómo se puede reclamar a los partidos españoles que confíen en la lealtad del PNV cuando llegan noticias de la falta de diligencia de la dirección política de la Ertzaintza en la persecución de la kale borroka? ¿Cómo no alimentar la desconfianza respecto del rechazo del PNV a ETA cuando el presidente del PNV hace el tipo de declaraciones que hace, por ejemplo, respecto de la disolución de ETA?

Pero también comete un abuso el presidente del Gobierno cuando dice que Lizarra no es condenable sólo por la vinculación que supone con ETA, sino también, y 'en igual medida', por sus contenidos. Ciertamente, Lizarra propone que 'los ciudadanos de Euskal Herria tengan la última palabra respecto de su futuro' y que el Estado español -y el francés- acaten las decisiones por ellos tomadas. Pero este pacto no obliga, en ningún caso, a entrar en él a quien no quiera hacerlo. Es sólo una propuesta y se puede no estar de acuerdo con ella, pero, en cualquier caso, no es condenable. ¿Cómo se puede exigir al PNV y EA que abandonen el texto y los contenidos de Lizarra como condición imprescindible para sellar con ellos el 'Acuerdo contra el terrorismo'?

3. ¿Sobre qué hay que hablar? Sobre aquello que separa a unos y a otros. El PP se identifica con la Constitución, con la defensa que en ella se hace de la unidad de España y con el Estatuto vasco, y no quiere ni oír hablar de autodeterminación. Legítimo. El PNV y EA no se identifican con la Constitución y con el Estatuto en la medida en que impiden el derecho de autodeterminación. Legítimo también. De esto es de lo que hay que hablar, de esta grave divergencia política, para intentar encontrar la solución más democrática posible. Esto, y no otra cosa, es lo que defendía, junto con Herrero de Miñón, Ernest Lluch. Y con ellos, muchos otros.

Hay un problema político que no se puede ignorar ni está resuelto. Para el PP, el sujeto de decisión que tiene derecho a decidir el futuro de Euskadi sólo puede ser el 'pueblo español', tal y como está establecido en la Constitución. Para el PNV y EA, ese sujeto de decisión tiene que ser el 'pueblo vasco'. El PSE-PSOE no se pronuncia muy explícitamente sobre esto. Por otro lado, ¿quién es el 'pueblo vasco'? Tampoco se da una respuesta clara y distinta a esta pregunta. ¿Quién tiene la razón, el PP o el PNV y EA? Éste es el conflicto, éste es el

Antoni Comín i Oliveres es profesor de Ciencias Sociales de ESADE (Universitat Ramon Llull) y José I. González Faus es catedrático emérito de Teología Sistemática de la Facultat de Teologia de Catalunya.