Las compañías de móviles exigen al Gobierno que despeje las dudas sobre la tasa radioeléctrica

A fecha de ayer, ninguna de las empresas afectadas -no sólo de móviles, sino de telefonía inalámbrica y cadenas de radio y televisión- había recibido notificación alguna de la Administración. Ésta se ha limitado a publicar en el BOE un cuadro con los coeficientes para el cálculo de la tasa por la reserva del uso del espacio radioeléctrico, por lo que la única referencia del coste de lo que corresponderá a cada uno de los sectores son las noticias aparecidas en los medios de comunicación, que cifraban en un total de 160.000 millones el importe total de la misma.

Es más, según los cálculos realizados por los departamentos financieros de varias operadoras de acuerdo a las especificaciones contenidas en el artículo 66 de la Ley General de Presupuestos, la tasa que deben abonar las compañías de móviles en su conjunto puede encarecerse notablemente sobre los 140.000 millones de pesetas en que se cifró oficialmente cuando se anunció la revalorización.

El cálculo más preciso es el aportado por Amena. Extrapolando sus datos al conjunto de operadores, la tasa que deben afrontar las operadoras de móviles puede elevarse a 151.925 millones, 11.925 millones más sobre la cifra prevista. La principal diferencia se produce en las licencias de telefonía móvil multimedia (UMTS), que deben abonar 27.117,4 millones de pesetas, en lugar de los 25.000 millones anunciados oficialmente.

Por este motivo, las cuatro operadoras adjudicatarias -Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera- tendrán que realizar un desembolso adicional de 8.470 millones más sobre los 100.000 previstos para este tipo de licencias.

Este nuevo desfase, aunque importante, es insignificante si se compara con el escenario anterior a la decisión del Gobierno de actualizar la tasa para el UMTS en un 3.211% puesto y que, de no haberse llevado a cabo, tendría que haber abonado este año sólo 819 millones por ese concepto.

El informe también especifica el importe que supone la tasa para el resto de las licencias que explotan las compañías de móviles: 10.540 millones para las DCS-1800 (Telefónica, Airtel y Amena); 5.446 millones para el GSM-900 (Telefónica y Airtel) y 939 millones para el analógico (sólo explotado por MoviLine).

Pero las dudas sobre el conocido canon radioeléctrico no sólo afectan a su importe, sino a otros aspectos como el momento en que se debe abonar la tasa, las condiciones del pago y, sobre todo, la evolución que esta tasa tendrá en los próximos años.

En este sentido, las operadoras de móvil han decidido que no recurrirán de momento la tasa ante instancias nacionales. Los gabinetes jurídicos de las compañías han llegado a la conclusión de que sólo se puede presentar ese recurso cuando la Administración realice la liquidación efectiva de la tasa.

Según éstos, la presentación de un recurso contra la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, en la que se modificó la legislación para aumentar la tasa, no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Por eso, las compañías no tendrán más remedio que esperar a que les giren la 'liquidación' y optar a un posible recurso. Aquí surge un problema añadido. El cobro de la tasa se efectuó el pasado año entre marzo y abril, por lo que, si la Administración aplica este año el mismo calendario, las compañías deberán esperar al menos otros tres meses para poner en marcha la defensa jurídica de sus intereses.

Los gabinetes jurídicos y los bufetes contratados por las operadoras (Cuatrecasas, Cremades y Uría y Menéndez, entre otros) analizan las distintas posibilidades para plantar cara al Gobierno. La vía más directa es la presentación de un recurso ante Bruselas, para el que basta sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Acompañamiento, pero no se descarta recurrir incluso al Tribunal Constitucional.

Palalelamente a la defensa jurídica, las empresas exigen que los ministerios implicados (Economía, Ciencia y Tecnología y Hacienda) abran un proceso de diálogo y se negocien, al menos, ciertas compensaciones como la revisión de los compromisos de inversión, la no ejecución de avales, ventajas fiscales o la rebaja de la tasa para los próximos años.

Hasta el momento sólo ha habido 'conversaciones informales' en las que el Ejecutivo ha dejado claro que descarta 'absolutamente el perdón de la tasa para este año', según un portavoz.