Más de 20.000 inmigrantes pierden su trabajo tras el siniestro de Lorca, según una ONG

'El aumento de las inspecciones de trabajo ha hecho que los empresarios tengan miedo y hayan dejado de dar trabajo a los inmigrantes que no reúnen los requisitos legales necesarios', aseguró Cebolla, que lamentó la situación de precariedad en la que se pone a un colectivo que ya vive normalmente en condiciones penosas.

El MPDL lamentó que quien complica la vida a los inmigrantes valencianos sea precisamente el propio Gobierno, que el jueves invitó a los ecuatorianos que se manifestaron en Murcia para exigir la legalización de su situación a regresar a su país en busca de un visado: 'Existiendo una gran demanda de mano de obra reconocida por las organizaciones empresariales y agrarias, es la Administración la que impide que los inmigrantes accedan a estos trabajos en las mismas condiciones que los trabajadores españoles'.

Una situación agravada por la nueva ley, que 'merma la capacidad organizativa y de defensa de los inmigrantes'. Cebolla recordó que ahora el Gobierno quiere cambiar el Foro de la Inmigración para aumentar su peso (de 4 miembros a 11) y reducir el de las organizaciones (de 17 a 10). 'Parece que lo que quiere es acallar todas las voces de protesta que defienden los derechos de los inmigrantes en nuestro país', afirmó.

Ayer también arreciaron las críticas de la oposición por el 'abandono total' que sufren los inmigrantes. La diputada socialista Nuria Espí criticó la 'falta de planificación' y anunció que su grupo elaborará un plan integral sobre la inmigración.

Mientras, el diputado de Esquerra Unida Ramón Cardona calificó de 'equivocada' la política del Consell ya que no parte del 'reconocimiento real' de la necesidad de mano de obra. Cardona defendió que un inmigrante contratado debería contar automáticamente con todos los derechos, independientemente de cómo haya entrado en el país y de su situación administrativa.

Por otra parte, la asociación Rumiñaui Hispano Ecuatoriana está trabajando para que prospere la denuncia puesta el jueves por 20 inmigrantes residentes en Jumilla contra un empresario agrícola de Aspe por el impago de sus salarios de diciembre, que se elevan a dos millones de pesetas. El empresario, que según la asociación ya ha sido denunciado otras veces por abusos similares, declaró ayer junto a su hija en el juzgado de primera instancia número 2 de Novelda.