El Gobierno corrige su decreto de las 'vacas locas' a las tres semanas de promulgarlo

El plan integral contra las vacas locas (Real Decreto 3454/2000), que ocupa 16 páginas en el BOE del 23 de diciembre, contiene un anexo de un párrafo que, pese a su carácter aparentemente técnico y anodino, ha constituido un verdadero tormento para los ministros de Agricultura y Sanidad, Miguel Arias Cañete y Celia Villalobos. La modificación del anexo XI, que impone los mencionados certificados veterinarios, fue el objetivo único de la reunión urgente con todos los consejeros autonómicos de Salud y Agricultura que los dos ministros convocaron el pasado martes, frustrada al final por el malestar que habían provocado las declaraciones de Villalobos sobre los huesos para caldo.

El miércoles, los directores generales autonómicos tomaron el relevo a sus consejeros en una extenuante reunión que concluyó a las dos de la madrugada de ayer. El anexo XI había sido por fin modificado a gusto de todas las administraciones. ¿Cómo era ese anexo y cómo ha quedado?

Se trata de un formato homologado para que un 'veterinario oficial o habilitado' y asignado a la explotación ganadera certifique que los animales destinados al matadero 'no presentan síntomas clínicos' de una lista de 27 enfermedades. En su versión original, esa lista no incluía los síntomas nerviosos que pueden indicar que la res padece el mal de las vacas locas.

Además, el formato original exigía al veterinario certificar que 'en la explotación no se ha producido ninguna incidencia, en los últimos 30 días, que haga pensar en una presunta patología'. Los colegios veterinarios, además de quejarse por no haber sido consultados, consideraban incumplibles estas condiciones.

La esencia de la modificación acordada ayer es dividir el formato en dos partes: un certificado veterinario propiamente dicho y una declaración firmada por el titular (o el responsable) de la explotación ganadera, según explica la directora general de Salud Pública y Consumo, María Dolores Flores.

La parte del certificado incluye ahora, además de las 27 enfermedades mencionadas antes, la obligación de descartar 'síntomas evidentes de alteración neurológica'. Este añadido resuelve una omisión bastante evidente en un decreto dedicado, precisamente, a las vacas locas.

Y las garantías sobre la falta de incidencias en los últimos 30 días de vida de la vaca, y sobre los plazos transcurridos desde los últimos tratamientos que haya recibido el animal, se hacen recaer sobre la declaración del ganadero (el giro legal es en realidad un poco más espeso, y obliga al veterinario a certificar que el ganadero ha declarado que cumple esas garantías en un papel adjunto).

El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Antonio Borregón, no se da por satisfecho con la modificación del decreto. Aduce, en primer lugar, que 'la figura del veterinario habilitado no existe'. Su posición es que cualquier colegiado puede firmar los certificados, sin que las comunidades autónomas le tengan que 'habilitar' para ello.

Borregón considera 'absurdo' que se insista en la lista de 27 enfermedades: 'Si el plan es sobre las vacas locas, no sé qué pinta esa lista, y si no lo es, no veo por qué sólo habla de rumiantes'. También considera que el ganadero firma unas garantías que no le corresponden.

Una crítica, esta última, que comparten las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA. 'No podemos aceptar que quieran convertir a los ganaderos en veterinarios', dijo el presidente de Asaja, Pedro Barato, tras conocer el nuevo certificado. El responsable de COAG, Miguel López, afirmó que el texto genera la 'indefensión' del ganadero y anunció recursos judiciales. Y el secretario general de UPA, Fernando Moraleda, señaló que el ganadero 'no es ni un veterinario ni un notario'.