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AUDITORÍA | SE AUTORIZÓ 15 DÍAS DESPUÉS DE LA DENUNCIA

Forner asumió los 523 millones por los que llevó a Pedreño al síndico

El director de Universidades, Salvador Forner, instó a la Sindicatura de Cuentas a investigar 'la gestión' del rector Andrés Pedreño en el ejercicio de 1999 y el uso de 523 millones no autorizados para la compra de suelo para ampliar el campus de Alicante y construir el Medpark, que ascendió a 823. Forner sugirió que la auditoría de la Generalitat había detectado que las cuentas 'no expresan de forma fiel los resultados de la gestión'. Pero 15 días después autorizaba la reprogramación por ese mismo precio.

El informe de la Sindicatura entregado a las Cortes se limita a describir el proceso de adquisición de los terrenos por parte de la institución académica y la ausencia de la autorización oficial correspondiente alegada por el equipo rectoral. Pero revela que 'el 28 de septiembre de 2000 la Dirección de Universidades autorizó, con cargo a proyectos de inversiones de 2000 distintos de la compra de los terrenos, la reprogramación de la anualidad de 1999 con el fin de cuadrar la misma'. Es decir, Forner asumió una factura por el mismo precio que el pagado en la polémica compra, los 523 millones, pero se negó a autorizar el suelo adquirido para Medpark y empezó a promocionar personalmente la ampliación de la Facultad de Ciencias. Para ello, pidió a la universidad una factura de otras inversiones en infraesctructuras por ese valor realizadas en el 2000 para cuadrar el presupuesto de 1999, que no podía cerrar.

Esta operación desconocida -un 'juego administrativo' más usual de lo que debiera- se producía justo 15 días después del impacto mediático que tuvo el anuncio en persona del director general instando a la Sindicatura de Cuentas a la apertura de una 'investigación' sobre la 'gestión' del equipo rectoral, dirigido aún por Andrés Pedreño, con quien la Administración mantenía un duro pulso y le acababa prohibir la tramitación del proyecto europeo de parque científico Medpark. Una investigación, que según dijo, estaba motivada porque la Intervención General de la Generalitat había detectado que las cuentas del ejercicio 1999 'no recogen la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Universidad'. El director general llegó a decir, incluso,que '300 millones iban destinados a la ampliación del campus, pero de los restantes no hay constancia del destino' e insinuó que la compra del terreno 'podría superar los 1.000 millones, según otras informaciones indirectas que no recoge la auditoría'.

La opinión de los técnicos de la Sindicatura es que 'no hay ninguna irregularidad contable o patrimonial'. Así, las cuentas presentan una ejecución del 99,6%, sólo igualable a la Universidad de Valencia, y recomienda no recurrir a la prórroga del presupuesto (método previsto por la ley de Hacienda valenciana y la estatal al que se recurrió por la incertidumbre ante el retraso del Plan de Financiación que no se firmó hasta el 9 de julio de 1999).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de enero de 2001