Madrid modifica su legislación

Alfonso Grau, teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, explicó ayer que 'la subasta es el único sistema legal previsto para enajenar bienes públicos', y por eso se utiliza. Según su versión, las subastas provocan un aumento del suelo disponible y, por lo tanto, su efecto debe ser beneficioso sobre el precio de la vivienda de acuerdo con la ley de oferta y demanda que rige el mercado. Además, sostiene que 'el mayor porcentaje' -que no especifica- de los ingresos generados por subastas de suelo se han destinado a pagar expropiaciones en 'barrios consolidados' en los que el Ayuntamiento compra suelo para ofrecer dotaciones.

El teniente de alcalde explica que los nuevos planes de actuación se aprueban con dotaciones adecuadas, de modo que actuar sobre los solares que recibe el Ayuntamiento por cesiones de urbanísticas carece de sentido y sólo generaría 'mayores desequilibrios' entre barrios.

Sin embargo, Benjamín Muñoz, gerente de la asociación de promotores, recuerda que el concurso público es la alternativa a la subasta y defiende su positiva repercusión sobre el coste del suelo. Además, sugiere que la ley exige al Ayuntamiento actuar en los mismos barrios en los que recibe cesiones urbanísticas.

El efecto perverso de la subasta de solares municipales ha sido acotado por la nueva legislación sobre suelo aprobada el pasado otoño por el Parlamento autonómico de la Comunidad de Madrid. La norma pretende impedir el encarecimiento del coste del suelo en la ciudad derivado de las subastas que también convocaba el Ayuntamiento de la capital.