Las subastas de solares públicos disparan el precio de la vivienda en Valencia
Alfonso Grau, teniente de alcalde y responsable de las arcas municipales, asegura que la subasta pública es el único sistema legal previsto para enajenar bienes públicos.
Ana Noguera, portavoz municipal socialista, niega la mayor y defiende la actuación directa del gobierno municipal en los solares de su propiedad para construir viviendas de protección oficial (VPO). Noguera recuerda que los poderes públicos están obligados por la Constitución a regular el suelo, un recurso limitado, y garantizar así el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna.
Benjamín Muñoz, gerente de la asociación de promotores, también enmienda la plana a Grau y recuerda la posibilidad de convocar concursos públicos para construir, por ejemplo, VPO.
Tanto los socialistas como los promotores denuncian el efecto perverso de las subastas municipales sobre el precio del suelo en la ciudad de Valencia.
Los socialistas inciden, además, en la escasa oferta de VPO en las zonas céntricas de la ciudad, lo que provoca un desplazamiento de las vecinos con rentas más bajas hacia barrios marginales de la periferia.
Según un estudio elaborado por el grupo municipal del PSPV las subastas de suelo municipal desde junio de 1998 se han traducido en un aumento del coste del suelo, cuya repercusión sobre el metro cuadrado del precio de las viviendas ronda las 35.000 pesetas. Es decir, la práctica municipal habría encarecido más de cuatro millones de pesetas la compra de una vivienda de 120 metros cuadrados.
