Los gestores del nuevo reformatorio inscriben su empresa siete días antes de abrir el centro

Una asociación no se considera formalmente inscrita hasta que se le concede un número de registro, trámite que suele demorarse unos dos meses desde que se formula la solicitud. Pero, con el resguardo de haber entregado sus estatutos y su acta fundacional en el registro de Interior, el Ministerio de Economía y Hacienda puede darle un CIF (código de identificación fiscal) provisional con el que firmar convenios o contratar trabajadores.

Portavoces de la Consejería de Servicios Sociales defienden que Cicerón, que regentará el nuevo reformatorio situado en la Ciudad Escolar de San Fernando, en el kilómetro 12 de la carretera de Colmenar, cumple los requisitos legales para firmar con ella un convenio de colaboración por un año, que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Gobierno.

Sin embargo, asesores legales de otras entidades sin ánimo de lucro que colaboran con el Gobierno regional muestran su extrañeza por la rapidez con la que Servicios Sociales ha concedido a Cicerón el permiso que otorga su departamento de Inspección, Registro y Autorización (IRA). Aseguran que el trámite suele durar seis meses y que se exige a la asociación estar inscrita en el registro y tener un CIF definitivo.

Comisiones Obreras, UGT y CSIT critican la 'improvisación' y la 'precipitación' de la Comunidad. Denuncian que el Gobierno regional, que ha tenido un año (desde la publicación de la Ley Penal del Menor, en enero de 2000) para crear los recursos exigidos por la nueva norma, iniciara las obras del reformatorio el 2 de enero pasado, trasladando en dos días a los 40 menores desamparados que vivían allí. También creen que el servicio debía adjudicarse por concurso.

Para Elena Vázquez, parlamentaria del PSOE y ex consejera de Integración Social, 'la improvisación ha llevado a la Comunidad a inclinarse por una entidad privada sin experiencia y creada ad hoc'.

Sin experiencia previa

Cicerón carece de experiencia previa, tanto en el trabajo con menores como en cualquier otro ámbito social. Se creó a partir de la publicación, hace un año, de la Ley Penal del Menor (que entra en vigor el día 13), cuando 'un grupo de profesionales decidió que había mucha tarea que hacer en el campo de los centros de reforma'.

Pedro Rodrigo, portavoz de Cicerón, defiende la solvencia de esta entidad, pese a su reciente creación, porque entre sus miembros 'hay médicos especializados en drogodependencias, criminólogos y otros expertos en el trabajo con jóvenes privados de libertad'.

El presidente de la asociación es Enrique de la Morena, médico de la Fundación Jiménez Díaz, y forma parte de su consejo asesor Mercedes Jabardo, directora de Instituciones Penitenciarias con el PSOE de 1992 a 1994, que también dirigió la prisión de jóvenes de Alcalá-Meco. La futura directora del reformatorio será una ex directora de la cárcel de mujeres de Valencia.

Cicerón también ha presentado sus proyectos para gestionar centros de reforma en Andalucía, Galicia y Valencia. Pero por ahora sólo Madrid ha recurrido a sus servicios.

La Ley del Menor permite que entidades privadas sin ánimo de lucro regenten centros de reforma. El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha pedido a la Comunidad informes sobre Cicerón para comprobar si es una asociación sin ánimo de lucro, y no una empresa de servicios como denuncia CC OO.

San Vicente, con 30 plazas, es el cuarto reformatorio de Madrid. Los otros -El Madroño, Renasco y Altamira (semiabierto)- cuentan con 47 plazas. El centro debe abrir el 13 de enero, porque con la nueva ley, que eleva a los 18 años la edad de ingreso en prisión, deben ser excarcelados y previsiblemente trasladados a reformatorios 29 chicos de 16 a 18 años que cumplen prisión preventiva en penales madrileños. Hay dos meses para revisar la situación de tres menores ya penados.