La casa común europea sale cara

La sede de la Comisión Europea, un emblemático edificio en forma de estrella situado en el centro europeo de Bruselas y cerrado por obras desde 1991, es motivo de escándalo político en Bélgica. Dos senadores acaban de presentar un informe sobre las obras de renovación de este edificio, presupuestadas en 26.000 millones de pesetas y que van a costar ya un mínimo de 180.000. Los senadores reclaman una urgente auditoría independiente que el Gobierno belga, dueño del edificio y responsable del caos, dice haber pedido ya.

El edificio, llamado Berlaymont, data de finales de la década de los sesenta y fue desalojado y cerrado en 1991 al comprobarse que las 1.400 toneladas de amianto que contenía su estructura eran contaminantes. De hecho, decenas de funcionarios aquejados de cáncer denunciaron su caso ante los tribunales. Las obras para liberar del amianto al edificio y, de paso, readaptar sus instalaciones, se alargan desde 1997. En estos tres años, los plazos fijados para su terminación son cada vez más largos, como lo son los sucesivos presupuestos. El fijado en 1990 por el Gobierno belga de Wilfried Martens era de 26.000 millones de pesetas. Hace sólo tres meses era de 117.000 y se preveía su inauguración para septiembre de este año, en plena presidencia belga de turno de la UE. Ahora, la cifra se eleva a 180.000 millones y se prevé su apertura para febrero del próximo año 'en el mejor de los casos'. La Comisión Europea asegura que no estará listo antes del año 2003.

Los senadores Alain Destexhe (del partido liberal, que forma parte de la coalición gobernante) y el conservador nacionalista Vincent Van Quickeborne han puesto de nuevo el grito en el cielo. El caos y, sobre todo, el constante aumento del presupuesto debe ser explicado, dicen, por el Gobierno belga. 'Se ha confundido lo público con lo privado', declaró el lunes Destexhe a una emisora de radio local. 'El mismo departamento gubernamental encargado de controlar las obras era también el responsable de su ejecución'.

Los senadores han señalado también que la participación privada en el proyecto, desarrollado a través de la compañía Berlaymont 2000, ha prevalecido sobre la participación pública, a pesar de que esta última es del 70% frente al 30% que aportan dos entidades bancarias belgas.

La Comisión Europea, arrendataria del edificio, está preocupada. La semana pasada pidió una reunión urgente con el Gobierno belga y otra auditoría, además de insistir en su idea de que sólo volverá a ocupar el Berlaymont si la renovación del mismo le satisface. El Gobierno belga, por su parte, se ha apresurado a manifestar que ya el pasado jueves puso en marcha la auditoría que ahora todos reclaman.

Mientras tanto, y como contrapunto a toda esta polémica, las obras del Berlaymont recibieron el pasado mes de octubre un premio medioambiental de la Universidad británica de Cambridge.