EL INDULTO A GÓMEZ DE LIAÑO

El PSOE exige al Gobierno que asuma responsabilidades políticas por incumplir la ley

La confrontación política entre el Gobierno y el PSOE por la inmigración, la enfermedad de las vacas locas y el llamado síndrome de los Balcanes tomó ayer un tono más agrio al reactivarse el frente jurídico por el indulto a Gómez de Liaño, tras el varapalo del Supremo al Ejecutivo. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, desde que el Consejo de Ministros indultó el pasado 1 de diciembre al juez prevaricador Gómez de Liaño, consideró que la decisión del Ejecutivo fue una grave interferencia del poder ejecutivo en el judicial.

En consecuencia, el PSOE estimó ayer que la gravedad de la decisión del Gobierno de indultar al ex juez prevaricador exige responsabilidades políticas por dos razones: 'No ajustarse a la ley como ha recordado el Tribunal Supremo' y haber creado un 'serio conflicto institucional' con el alto Tribunal al 'haber interferido en el funcionamiento' de esta institución.

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El portavoz del PSOE recordó que tanto su partido como algunas asociaciones judiciales ya habían advertido al Gobierno de que este indulto era una 'decisión injusta' y que tenía un impacto negativo en la confianza de los ciudadanos hacia la Administración de Justicia.

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No obstante, Caldera centró sus baterías en el ministro de Justicia, Ángel Acebes, por su intervención parlamentaria en defensa del indulto de Gómez de Liaño, el pasado diciembre. '¿Qué credibilidad puede tener un ministro de Justicia cuando el Tribunal Supremo reprueba una decisión de esta entidad? ¿Qué credibilidad puede tener quien advertía al Supremo de que no podía enmendar un indulto concedido por el Gobierno y que debía limitarse a ejecutar las decisiones del Ejecutivo?'. 'Esta decisión arbitraria, que entraña abuso de autoridad, no debe quedar impune', remató Caldera señalando al ministro de Justicia.

La respuesta del Grupo Popular fue inmediata. Su portavoz, Luis de Grandes, anunció que el Gobierno no se resigna a la decisión del Tribunal Supremo y que dará la batalla. Calificó de 'excepcional y sin precedentes' que un órgano judicial proceda a revisar una decisión que 'es competencia del Gobierno' -en referencia a la facultad de conceder indultos- y advirtió de que el Ejecutivo la defenderá en esta 'colisión de instituciones'.

En este sentido, De Grandes apuntó la posibilidad que el Gobierno tiene de recurrir la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de plantear un conflicto jurisdiccional que sería dirimido 'por una institución especial que tiene una composición mixta', como momentos después ratificó un comunicado del Ministerio de Justicia.

Quitó importancia al conflicto entre jurisdicciones y replicó al portavoz socialista por tratar de 'crear alarma' con ello ya que 'el ordenamiento jurídico incluye los mecanismos necesarios para resolver estos conflictos'. Caldera, a su vez, replicó que confía en que el Gobierno acate la decisión del Tribunal Supremo y evite el 'daño irreparable' para la Administración de Justicia que supone el 'enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial'.

El portavoz socialista preguntó al Gobierno qué motivos tuvo 'para arriesgar tanto', con una decisión como el indulto de Gómez de Liaño. 'Cabe preguntarse qué había detrás [del indulto del juez prevaricador] y qué recompensa se ofrecía para cometer una decisión tan antijurídica y tan injusta', finalizó Caldera.

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