La contaminación acorta la vida

No es necesario vivir en Cracovia (Polonia) o Atenas (Grecia), dos de las ciudades europeas que padecen una peor salud medioambiental, para sufrir los efectos de la polución. En lugares con niveles de contaminación medios -un segmento en el que se encuentran las principales ciudades españolas- el humo del tráfico y, en menor medida, el industrial o el procedente de incineradoras de residuos, interviene de forma notable en patologías cardiovasculares hasta el punto de que son uno de los factores que acortan la vida de los ciudadanos.

'Niveles moderados de contaminación también suponen un riesgo para la salud'. Ferran Ballester, doctor de la unidad de epidemiología y estadística de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, apoya esta afirmación en los resultados obtenidos en un trabajo realizado junto a José María Tenías y Santiago Pérez-Hoyos que publica este mes el Journal of Epidemiology and Community Health.

El estudio muestra una asociación significativa entre la contaminación atmosférica y las urgencias cardio y cerebrovasculares atendidas en los hospitales, mientras que no aprecia relación con las dolencias gástricas. Entre 1994 y 1996 los investigadores valencianos midieron los niveles diarios de humos negros, dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) y ozono (O3) del aire de la ciudad de Valencia y lo compararon con los ingresos de urgencias registradas en los dos principales hospitales, el Clínico y La Fe. Un aumento en los niveles de dióxido de azufre y de monóxido de carbono se vinculó a un incremento de las urgencias por enfermedades de corazón. Por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de SO2 -la media en la ciudad es de 25,6- se observó que los de ingresos por enfermedades cardiovasculares aumentaban en un 3%.

Partículas en suspensión

En el caso de las partículas en suspensión se observó una relación similar. Estos contaminantes, uno de los principales agentes patógenos que se encuentran en el aire de las ciudades, son restos minúsculos de materia, fruto de la combustión incompleta del carbón y derivados del petróleo que, gracias a su pequeño tamaño -unas 10 micras- entran con facilidad en el aparato respiratorio y de los pulmones pasan al torrente sanguíneo, provocando problemas cardiovasculares y respiratorios.

Un incremento de 10 microgramos cúbicos de estas partículas -frente a una media de 43,7- iba seguida de un aumento de l,5% de ingresos hospitalarios, según recoge el estudio. Estas evidencias se suman a otro estudio elaborado por Ferran Ballester y sus colaboradores entre 1991 y 1993. En este caso, el objetivo fue relacionar los efectos de la contaminación atmosférica en la ciudad de Valencia -con niveles comparables a París, Londres o Barcelona- y la mortalidad registrada. El equipo valenciano encontró una asiociación significativa entre indicadores de polución y fallecimientos, más clara en las partículas de suspensión que en el dióxido de azufre. A cada aumento de 10 microgramos de partículas por metro cúbico de aire analizado le acompañaba un incremento del 0,8% en la mortalidad diaria.

Ballester precisa que los niveles de contaminación de las ciudades españolas no son los mismos de hace 20 años. De una polución básicamente industrial se ha pasado a otra en la que los principales agentes son los motores de los vehículos. De los tubos de escape sale ya más de la mitad de los agentes contaminantes. Estos cambios han provocado que el nivel de contaminación en España sea medio -en ocasiones bajo- y que haya descendido notablemente las emisiones de dióxido de azufre, de origen básicamente industrial.

Además del impacto en la mortalidad y de los peligros cardiovasculares, existen evidencias de que los niveles actuales de contaminación atmosférica urbana repercuten también en el sistema respiratorio. El proyecto APHEA, realizado en varias ciudades europeas y publicado en 1997, demostró que a un aumento de 50 miligramos por metro cúbico de NO2 seguía un incremento de ingresos por asma del 3%. El mismo incremento en niveles de ozono se asoció con un 4% más de casos de ingresos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Los peligros de la salida a la atmósfera de todos estos elementos patógenos 'no son muy elevados a nivel individual', matiza Ballester, 'aunque sí son importantes en términos de salud pública'. Son las personas más débiles quienes tienen más probabilidades de que las enfermedades de base cardiacas o pulmonares que padecen se agraven y deriven en una muerte prematura.

Estudios elaborados en Europa han ido mucho más lejos a la hora de traducir en cifras los efectos mortales de la contaminación atmosférica. Un trabajo elaborado por la Universidad de Basilea y publicado recientemente en la revista Lancet achaca directamente a la polución hasta 40.000 de las muertes que tienen lugar anualmente en Austria, Francia y Suiza, el 6% del total de fallecimientos. Según este trabajo, la mitad de todos estos casos se deben a la contaminación ocasionada por los vehículos. Ballester señala que los índices de contaminación de estos países son equiparables, si no más bajos, a los que registran las principales ciudades de España. El trabajo también indica que el coste sanitario de la contaminación causada por vehículos con motor supone en los tres países un 1,7% del producto interior bruto (PIB).

Nuevas directivas

La evidencia demostrada por los estudios de los efectos que tiene la contaminación en la salud ha llevado a la Unión Europea a revisar las directivas que regulan los criterios de calidad del aire de las ciudades. Una norma de junio de 1999, que recoge los estudios elaborados a lo largo de la década pasada, modifica a la baja los baremos permitidos establecidos en otra directiva de 1987. En aspectos como la cantidad de dióxido de azufre no se recogen modificaciones sustanciales. Sin embargo, en relación a otros agentes, como el dióxido de nitrógeno, el máximo permitido se ha reducido hasta una quinta parte de los establecido en la norma anterior y ha pasado de las 200 miligramos por metro cúblico a 40. La norma establece un plazo de dos años para su entrada en vigor, aunque establece periodos de adaptación de hasta 10 años para algunos contaminantes.