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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Espaldarazo al TPI

El Tribunal Penal Internacional (TPI), proyecto adoptado hace algo más de dos años en Roma para dotar a la comunidad internacional de un instrumento jurídico permanente para juzgar y castigar a individuos culpables de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, acaba de recibir un crucial espaldarazo con la firma de su estatuto, con valor de tratado internacional, por parte de Estados Unidos. En sus últimos días antes de dejar la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton ha sumado así la voluntad de la mayor superpotencia de la Tierra y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU a este proyecto de una institución destinada a impartir justicia en el nuevo mundo globalizado. Falta todavía un largo trecho para la entrada en vigor del tratado constitutivo, pues se necesita la ratificación de 60 Estados. El año 2000 se cierra con un buen resultado, que sitúa en 139 los Estados que ya lo han firmado y 27 los que lo han ratificado, con lo que el nuevo tribunal podría ver la luz en 2002 o 2003; es decir, bastante antes de lo previsto por los más optimistas. Entre las ratificaciones de este pasado año se encuentran las de España y de la gran mayoría de la Unión Europea, líder en este campo, que ha evitado los repetidos intentos estadounidenses de vaciar de contenido el futuro tribunal.

Clinton ha tenido, en relación con el TPI, una actitud valiente, que ha arrastrado a la firma a Israel, otro Estado hasta ahora reticente a esta nueva jurisdicción internacional. Irán también ha suscrito el texto in extremis, y antes lo habían hecho Estados significativos como Yugoslavia, aunque todos ellos tardarán en ratificar, si es que llegan a hacerlo. Pero no hay que llamarse a engaño. El camino está sembrado de escollos, y no está garantizado que la decisión de Clinton tenga continuidad en la próxima Administración republicana. Estados Unidos es el país que más tropas tiene fuera de su frontera y, estos años pasados, el que ha dictado la posición de la Administración saliente demócrata ha sido, sobre todo, el Pentágono, temeroso de que sus soldados puedan tener que vérselas con este tribunal. El Partido Republicano, con el influyente senador ultraconservador Jessie Helms a la cabeza de este movimiento contra el TPI, ha hecho todo lo posible por frenar o desvirtuar este proceso. Las prisas de Clinton se deben no sólo a que deja el cargo, sino a que el 31 de diciembre concluía el plazo para firmar y, desde esta posición, poder participar con plenitud en el establecimiento del tribunal. 'Al firmar podremos influir en la evolución del tribunal, sin firma no', consideró Clinton. Desde dentro se podrá frenar mejor. Otros 14 Estados han suscrito también el Estatuto de Roma en la última semana de 2000.

Pero también hay que tener en cuenta que Clinton había defendido personalmente este proyecto y ahora considera que, de no haberlo firmado, el juicio de la historia habría sido duro con él. Su decisión no es un mero brindis al sol, pues influirá de lleno en la agenda de su sucesor, el republicano George W. Bush. El tratado ha de ser ratificado por el Senado, donde hay un empate entre demócratas y republicanos, con el voto de calidad del próximo presidente de la Cámara, el inminente vicepresidente Dick Cheney, contrario a este paso, como el futuro secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, temerosos ambos de que el gigante militar se vea atado de manos en sus acciones militares internacionales.

Si faltaban argumentos para apoyar la creación del TPI, las argucias utilizadas por Augusto Pinochet para escapar a la justicia de su propio país los han proporcionado. Aunque, si el TPI existiera, Pinochet se libraría de su jurisdicción, al carecer de carácter retroactivo. El TPI está dirigido a los futuros Pinochet; a perseguirlos si se repiten y a disuadirles de que cometan atrocidades. Si no para deshacer las injusticias y castigar los crímenes del pasado, el TPI sí servirá para construir un mundo mejor. Por eso urge llegar a las 60 ratificaciones y que Estados Unidos esté entre ellas. Un tribunal de esta índole no podría funcionar con efectividad al margen de la hiperpotencia.

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