La policía acusa de 'imprudencia y negligencia' a la directiva del Vasco

El estadio São Januario, del Vasco da Gama, ha pasado ya un primer peritaje para tratar de determinar las responsabilidades civiles y criminales por los graves incidentes en la final de la Liga, entre el equipo local y el São Caetano. Una alambrada de contención se desplomó y 168 personas resultaron heridas, tres de gravedad. Muchas de las víctimas son niños y precisamente una de las que se halla en peor estado es una muchacha de cinco años.

La tragedia, que podría haber sido mucho mayor, tiene en principio como principal responsable al presidente del Vasco, el diputado federal Eurico Miranda. Según el jefe de Policía de Río de Janeiro, Álvaro Lins, en casos así la responsabilidad recae en la persona física, no en el club. Así, Miranda podría ser acusado de negligencia, imprudencia, impericia y omisión de cuidado.

El campo tiene una capacidad máxima de 35.000 espectadores. Las entradas vendidas sólo fueron 33.000, pero una puerta fue abierta al público tan pronto como el encuentro dio comienzo. Los cálculos de los agentes sitúan en 42.000, como mínimo, las personas que se hallaban en el recinto cuando la valla metálica cedió en un sector. Además, los primeros análisis han determinado que el alambrado estaba corroído, oxidado y en varias partes apenas sostenido por unos tornillos que la simple presión de un hombre era capaz de forzar.

El pasado 12 de diciembre, el propio Miranda informó por escrito al Gobierno local de Río que su club declinaba el uso del estadio Maracaná, cuyas estructuras son superiores, para su encuentro decisivo con el São Caetano. Lo cierto, sin embargo, es que el Vasco cuenta con la segunda mayor hinchada de la ciudad y que buena parte de esos aficionados son jóvenes conocidos por su violencia. Fue precisamente en la zona ocupada por la barra del Joven Vasco, una de las más fanáticas, donde estalló una pelea cuando a los 22 minutos de juego Romario se lesionó y abandonó el césped. A partir de ahí todo escapó a cualquier control.

Si fuera considerado culpable de un delito no intencionado, Miranda podría tener que asumir una pena de entre seis meses y un año de cárcel, aunque, en general, los tribunales brasileños suelen cambiar este tipo de condenas por servicios prestados a la comunidad. El matiz es si las denuncias contra Miranda fuesen por un delito intencionado: haber provocado con su irresponsabilidad las lesiones corporales de un centenar largo de personas. Entonces se arriesgaría a entre cuatro y diez años de prisión.

Como diputado federal, Miranda es aforado. La Fiscalía Pública, sin embargo, asegura que, al tratarse de un acto contra la sociedad, la protección constitucional no le alcanza. El Colegio de Abogados sostiene en ese sentido que debe ser enjuiciado sin ningún beneficio legal.

A todo esto, Miranda ha reaccionado según sus formas habituales: echando de las instalaciones del club a los periodistas con la amenaza de romper algunas narices.