La oposición responsabiliza al PP de la crisis de Caja Carlet por "utilizarla políticamente"

La reacción de la oposición a la situación económica de Caja Carlet fue ayer rotunda. Socialistas y EU cargaron contra el PP por "utilizar con fines políticos" la caja y abocarla a un proceso de fusión. El Banco de España exige a Caja Carlet, tras una inspección, un reajuste contable de 173 millones de pesetas por dotaciones pendientes y errores de contabilización, que colocarán a la caja en números rojos. En la entidad de Carlet, un grupo de directivos prepara un plan de viabilidad para evitar la fusión con Bancaixa o la CAM como proyecta la Generalitat.

El secretario de Economía del PSPV-PSOE, Ricard Torres, lamentó ayer la "utilización política" de la que ha sido objeto la Caja Carlet para consolidar un gobierno del PP en la localidad de La Ribera. "El pago de favores ha puesto en riesgo a la caja y es la causa de los ajustes contables exigidos por el Banco de España", denunció Torres. Según el dirigente socialista, el PP ha incumplido la filosofía con la que justificó la última reforma de la ley valenciana de cajas y ha politizado la gestión de esta caja valenciana, embarcándola, por encima de sus posibilidades, en un proyecto del calado del hospital de Alzira. Caja Carlet ha reducido un 75% sus beneficios en los nueve primeros meses del año después de dotar con 63 millones de pesetas las pérdidas del centro médico de La Ribera, del que la caja es accionista.

Torres no quiso pronunciarse sobre la posible fusión de Caja Carlet con Bancaixa o la CAM como salida a la crisis, pero sí aseguró, en cualquier caso, que los socialistas exigirán garantías de que no habrá ajustes de personal en la entidad, que se mantendrá la inversión en la Obra Benéfico Social (OBS), y que la entidad siga enraizada en el territorio en que nació a principios de siglo.

El portavoz de Economía del PSPV-PSOE lamentó, además, la actuación de la Consejería de Economía y Hacienda, que a través del Instituto Valenciano de Finanzas, no ha ejercido la supervisión y tutela que le corresponde sobre la caja valenciana.

Desde Esquerra Unida, el portavoz parlamentario Joan Antoni Oltra mostró su rechazo a que Caja Carlet sea absorbida por otra entidad y abogó por "una vuelta a la profesionalización" en la gestión de la caja. Según Oltra, "antes de ahogar a una caja, se debería apostar por su profesionalización, lo que implica la salida de todos los que vinieron sólo a buscar una colocación, y liberarse de inversiones ruinosas para la caja", dijo en alusión a la participación de Carlet en el hospital de Alzira.

Pere Mayor, presidente del Bloc Nacionalista Valencià, criticó, igualmente, el nivel de politización de Caja Carlet. "La entidad ha sido un instrumento de cambio en el Ayuntamiento y en la comarca", declaró Mayor.

En el seno de la caja de ahorros la reacción ante una hipotética fusión no se hizo esperar y el equipo directivo de la entidad anunció un plan de viabilidad, que presentarán al consejo, para evitar a toda costa el proceso de fusión, una operación en la que se ha implicado el propio consejero de Economía de la Generalitat, Vicente Rambla, que estos días ha entablado contactos con los directores generales de Bancaixa y la CAM para encontrar una salida a la crisis de Caja Carlet. El departamento de Rambla no atendió ayer las llamadas de este periódico. "La consejería no va a decir nada", dijo una portavoz . Desde Bancaixa tampoco hubo comentarios acerca de una hipotética absorción.

Los directivos de la entidad de La Ribera consideran que con la venta del paquete accionarial del hospital de Alzira, y las dotaciones por insolvencias que exige el Banco de España, Caja Carlet puede salir adelante en solitario.

Los inspectores del banco central, además de los ajustes contables, equivalentes a los beneficios obtenidos por la caja el año pasado, exigen a la caja de La Ribera un plan de reducción de costes estimado en 220 millones de pesetas y que implicarían como medida más inmediata el despido de 20 de los 66 trabajadores de la entidad crediticia.