Los socialistas intentan que el presidente del Poder Judicial opine sobre Liaño

La opinión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado Barrio, sobre las características del indulto concedido al ex juez Javier Gómez de Liaño es pertinente por cuanto que a ese órgano "corresponde efectuar los nombramientos de jueces y magistrados y es competente en todo lo que atañe al Estatuto Judicial". Así lo considera el PSOE, que ha presentado ante la Mesa del Congreso un recurso para que reconsidere su pronunciamiento del pasado 5 de diciembre por el que negó la comparecencia de Delgado Barrio ante la Comisión de Justicia del Congreso. "Si la Mesa del Congreso insiste en negar esta petición, nos veremos obligados a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque al margen de este asunto concreto es hora de que se dilucide la capacidad del Congreso para controlar o simplemente pedir información y opinión a otros órganos constitucionales", explicó el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera.La Mesa del Congreso despachó en cinco líneas la petición de comparecencia del presidente del CGPJ al considerar que la materia "que constituye el objeto de la solicitud" no tiene relación "con la naturaleza del CGPJ".

"La falta de motivación produce en el Grupo Socialista una situación de indefensión ", señala el nuevo escrito del PSOE, de ocho folios en los que se recogen antecedentes parlamentarios que han traído al presidente del CGPJ al Congreso para asuntos distintos a lo que dice la ley, esto es, la presentación de la memoria anual. Fue en tiempos de Gobierno del PSOE, en 1995, cuando el entonces portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, pidió y consiguió la comparecencia del entonces presidente del CGPJ, Pascual Sala, para dar su opinión sobre excarcelaciones "de presos preventivos por delitos de terrorismo y narcotráfico", algo que Trillo agradeció. "Al señor Trillo se le olvidó agradecer a la Mesa el sí a esa petición del Grupo Popular", apostilla el PSOE en su escrito, que apela "a la colaboración entre órganos constitucionales que prevé la Carta Magna".