La Guardia Civil permitirá que sus 73.000 agentes elijan por votación a sus representantes laborales

Los 73.000 agentes que integran la plantilla de la Guardia Civil serán convocados próximamente a unas elecciones internas para designar a sus representantes en el Consejo Asesor de Personal, un órgano de nueva creación que pretende desbloquear el conflicto originado en la institución armada por la prohibición de los derechos de reunión, asociación y sindicación. Según confirmó un portavoz oficial, se trata de las primeras elecciones aceptadas por el Instituto Armado, que prohíbe la sindicación y la asociación, en los 156 años de existencia. La medida se plantea ante la inminencia de una resolución del Tribunal Supremo sobre el reconocimiento de una asociación interna, Coproper, que cuenta ya con 14.500 afiliados.

La lupa de Defensa

La Dirección General de la Guardia Civil está elaborando un reglamento que reconoce el derecho de los agentes a elegir a sus representantes laborales, un derecho prohibido, junto a los de asociación y reunión, desde la fundación de la institución en 1844. Este consejo asesor está reconocido en la Ley Orgánica de reestructuración de la Guardia Civil, aprobada en noviembre de 1999. En ella se establece el derecho de los agentes a plantear "propuestas o sugerencias referidas al régimen de personal, a la condición de militar y a todos aquellos aspectos sociales que les afecten". El citado reglamento desarrolla este enunciado e incluye la presencia de representantes de todas las escalas del cuerpo. También prevé que varios de estos puestos sean para los elegidos por las escalas inferiores -guardias y cabos-, que suman el 80% de la plantilla. Los representantes de los agentes en el Consejo de Personal tendrán la prerrogativa de poder ser arrestados únicamente por el director general cuando cometan alguna indisciplina como representantes profesionales.Sin embargo, el consejo asesor, que será presidido por el director general de turno, nace con fuertes limitaciones: carece de potestad para firmar convenios colectivos y tampoco puede organizar paros, huelgas o asambleas. Tampoco podrán dar cauce a reivindicaciones colectivas. Como contrapartida, cualquier agente podrá votar y ser votado, incluso los represaliados dirigentes de Coproper (Coordinadora pro Perjudicados por la Gestión de Luis Roldán y la Corrupción), una asociación con fines culturales que se ha convertido en el único órgano de expresión de los guardias civiles.

Las funciones del Consejo Asesor de Personal consistirán, según portavoces oficiales de la Guardia Civil, en facilitar la comunicación de abajo a arriba y recoger las aspiraciones de los agentes. En algunos casos, la dirección general tendrá que informar al consejo sobre órdenes o normas internas. El consejo tendrá derecho a "ser escuchado".

Pese a sus limitaciones, se trata de "un paso histórico" para la Guardia Civil, añaden las citadas fuentes oficiales, que admiten que uno de los principales escollos para la aprobación de este reglamento es su efecto en las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa está revisando con lupa cada línea del borrador, ya que sus responsables temen la reacción de los soldados y oficiales que vienen demandando desde hace tiempo el ejercicio de los derechos de asociación, reunión y representación laboral. Los militares, la Guardia Civil, los jueces y los fiscales son los únicos colectivos profesionales que tienen negado por Ley el derecho de sindicación. Pese a ello, tanto jueces y fiscales disponen de asociaciones profesionales muy arraigadas. Los representantes de la Asociación Coproper lamentan que la Guardia Civil sea el único cuerpo en que el derecho de queja es fuertemente perseguido y castigado. El último ejemplo discriminatorio en este sentido ha sido, según Coproper, la reciente exclusión de la Guardia Civil de la paga compensatoria por la desviación del IPC de 1999, que los militares sí percibieron. La doble dependencia de la Guardia Civil ha contribuido a esta peculiar situación: el Ministerio del Interior regula todo lo relativo a la seguridad ciudadana y retribuciones, destinos, acuartelamiento y material; Defensa se hace cargo de los ascensos y la normativa laboral.

La Guardia Civil cuenta con la asociación Coproper, surgida en 1991 tras los escándalos financieros del entonces director general Luis Roldán y que tiene 14.500 afiliados. Coproper está en pugna permanente con los mandos desde los tiempos de los gobiernos socialistas.

Cuando en 1995 pretendió ampliar sus estatutos, el entonces ministro Juan Alberto Belloch rechazó su pretensión de fomentar no sólo las mejoras culturales de sus afiliados, sino también las "sociales". Belloch recurrió esta ampliación por entender que podía ocultar el germen de un sindicato, la tesis defendida también por los gobiernos del PP. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha recurrido cuantas sentencias han resultado favorables para la asociación, incluidas dos de la Audiencia Nacional que reconocían "la licitud de los fines" y los consideraban "altamente saludables" para la institución.

La Audiencia Nacional sostiene que los derechos que demanda la asociación Coproper son constitucionales y no les pueden ser negados, "máxime cuando ellos mismos excluyen fines reivinticativos y el ejercicio del derecho de huelga".

El Tribunal Supremo está pendiente de corroborar o revocar en las próximas semanas los dictámenes de la Audiencia.