Prisiones turcas

El asalto general de las fuerzas de seguridad a una veintena de prisiones turcas, casi concluido ayer a falta de una gran cárcel en Estambul, pone de relieve un sistema medieval. Diecinueve presos han muerto, la mayor parte autoabrasados, según la versión oficial, y han fallecido dos miembros de la policía paramilitar. Pero será difícil saber qué ha ocurrido realmente en unas cárceles donde los motines son tan habituales como la autogestión de unos reclusos frecuentemente armados, organizados y comunicados por teléfonos móviles. La situación de las prisiones turcas ha llegado a un punto insoportable para un Estado que se quiere moderno.Casi un millar de los reos ahora sometidos estaban en huelga de hambre -y muchos, en situación crítica, persisten en su actitud en los hospitales a los que han sido trasladados- por el cambio de régimen que pretende imponer el Gobierno. Hasta ahora los reclusos se amontonan en grandes salas que reúnen a varias decenas de ellos. A cambio del hacinamiento, que hace de los dormitorios colectivos espacios impenetrables para las autoridades carcelarias, obtienen seguridad contra posibles abusos de sus guardianes. Ankara, como parte de sus planes de reforma del sistema penitenciario, planea alojar a los reclusos en celdas que permitan su control.

Ningún Gobierno puede tolerar el descontrol de sus prisiones. Pero no está en los usos de los regímenes democráticos europeos que sea el Estado el que asalte con formidables medios sus prisiones con el objeto de poner orden en una situación que antes ha dejado pudrirse, a lo largo de muchos años. Turquía, sin embargo, no es un Estado cualquiera. Se resiste a cambiar las leyes antiterroristas por las cuales tantos están encarcelados, y tampoco garantiza el castigo ejemplar de los guardianes condenados por tortura.

Para agravar el cuadro, el presidente Ahmet Necdet Sezer ratificó ayer por presiones gubernamentales una amnistía limitada que pondría en la calle a miles de presos por delitos comunes, la mitad de los 72.000 existentes en Turquía, mientras que ignora a los condenados por izquierdismo, militancia prokurda o terrorismo. Sezer había vetado el mes pasado la medida por injusta, pero el Parlamento la volvió a pasar el miércoles sin modificarla. La medida excluye específicamente al más famoso prisionero turco, el líder terrorista kurdo Abdalá Ocalam, que ha conseguido llevar la falta de garantías que ha rodeado su detención y posterior juicio y condena a muerte al Tribunal de Estrasburgo.

La Unión Europea, a la que Turquía quiere incorporarse rápidamente, estableció en noviembre una guía de los cambios políticos y económicos que Ankara debe poner en marcha antes de abrir negociaciones de adhesión con los Quince. Uno de los puntos clave es la imprescindible mejoría del respeto por los derechos de sus ciudadanos, por parte del Estado. La embestida a las prisiones, reflejada con cierta sordina por las instituciones y los Gobiernos de la UE, ha motivado rotundas protestas de las organizaciones proderechos humanos y crispadas manifestaciones de ciudadanos turcos en diferentes ciudades europeas.

Turquía debe poner fin, de una vez por todas, a la duplicidad heredada de su historia y situación geográfica si de verdad quiere incorporarse de pleno derecho a las democracias europeas. Si hace unos días mostraba sus profundas contradicciones al bloquear los acuerdos de colaboración entre la UE y la OTAN -a la que pertenece desde hace 48 años- a propósito de la Fuerza de Reacción Rápida, el asalto masivo a las prisiones autorizado por el primer ministro, Bulent Ecevit, ilustra hasta qué punto son frágiles sus cimientos en materia de respeto a los derechos humanos.