La Junta cree que el plan nacional contra las 'vacas locas' incita a los ganaderos a ocultar reses muertas
El consejero de Agricultura, Paulino Plata, advirtió ayer de que el plan propuesto por el Ministerio de Agricultura para luchar contra el mal de las vacas locas puede tener algunos efectos indeseados. El Ministerio propone que los ganaderos asuman un tercio del gasto previsto (14.500 millones de pesetas) para retirar y eliminar los animales muertos en las granjas, una de las medidas acordadas por la UE. Plata cree que este modelo de financiación incentivará el descontrol sanitario. "Si las administraciones no asumimos todo ese gasto, empezaremos a encontrarnos muchos animales sin identificar en las cunetas", dijo.
Críticas del sector
La Unión Europea, en sus medidas para atajar la encefalopatía espongiforme bovina (enfermedad que ha provocado la muerte de dos vacas en Galicia este otoño) decidió en diciembre dar el mismo tratamiento a los animales muertos en granjas que a los despojos (medula espinal, sesos, ojos, amígdalas e intestinos) de los rumiantes; es decir, para evitar riesgos, deben ser recogidos e incinerados a temperaturas superiores a 850 grados. El plan nacional (valorado en total en 60.000 millones) que presentó el martes el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, a las comunidades autónomas (y que el Gobierno preveía aprobar hoy en Consejo de Ministros) prevé para 2002 la creación de un seguro agrario, con financiación pública máxima del 50%, de modo que las entidades aseguradoras garantizarán el transporte y destrucción de animales muertos en granjas. Pero hasta entonces, "las Administraciones Públicas cooperarán en el diseño de un servicio de retirada de cadáveres en explotación"; el Gobierno financíará un tercio del plan, la comunidad autónoma otro 33% y los ganaderos el resto (4.831 millones).
"Es un sistema muy frágil", advirtió el consejero de Agricultura, quien ayer acudió a unas jornadas organizadas por la asociación agraria COAG sobre el mal de las vacas locas. "Habrá ganaderos irresponsables que corten las orejas al animal para evitar su identificación y lo abandonen en cualquier camino y así evitarse pagar", auguró Plata. El plan prevé un gasto para la comunidad de 1.822 millones el próximo año para la recogida de cadáveres de vacas, ovejas, cabras, cerdos y aves que se mueran en la granja. "Éste va a ser el gran problema", corroboró Juan José Badiola, director del laboratorio nacional de referencia para la enfermedad, creado en Zaragoza. Badiola, cuyo laboratorio es hasta ahora el único que cuenta con la tecnología suficiente para certificar los casos de vacas locas, subrayó que en España "no hay ninguna epidemia, sólo casos aislados" y aseguró que no "hay razones para la alarma".
"Es injusto que los ganaderos tengamos que afrontar el coste de la crisis", afirmó el presidente regional de COAG, Miguel López, quien recordó que el plan del Gobierno central asume el "100% del coste para la industria de las harinas cárnicas". La UE ha prohibido el uso de estas harinas como pienso durante un periodo inicial de seis meses y el Gobierno, para evitar la reconversión, se hará cargo de financiar la compra y eliminación de estas harinas, con un coste total de 28.000 millones; las comunidades autónomas deben subvencionar la mitad de esta partida, que en Andalucía (que produce 42.000 toneladas al año) se elevará a unos 2.000 millones. Plata, quien indicó que se ampliará el laboratorio de Córdoba para realizar los análisis en vacas de más de 30 meses (Andalucía contará con 43.000 tests a partir del 1 de enero), también consideró que el plan no cuenta con financiación suficiente y criticó que no esté diseñado el sistema de recogida, ni se haya establecido cómo eliminar las harinas cárnicas.
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