El ministro de Defensa ya ha firmado la venta de 150 hectáreas en Tablada a San Fernando y El Monte

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED) defendió ayer la venta de 150 hectáreas de los terrenos de Tablada (Sevilla) a las cajas de ahorro San Fernando y El Monte por 1.355 millones de pesetas. El empresario Jesús López denunció al director gerente del organismo militar de prevaricación, por haber vendido los terrenos obviando el procedimiento de subasta pública y a un precio muy inferior al que habrían obtenido en ese caso. La denuncia ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid y el director gerente de la GIED, Juan Antonio Miguélez Paz, tendrá que declarar como imputado el día 29. Según Miguélez Paz, la ley permite sacar a venta directa estas parcelas porque "los reversionistas [las cajas] tienen un derecho exclusivo y excluyente" sobre la compra de los terrenos. Las entidades financieras, unidas en la empresa Consorcio Tablada, S A, compraron esos derechos de reversión a los antiguos propietarios por 3.000 millones de pesetas.

Jesús López, el empresario que ha denunciado que el Estado ha perdido 3.000 millones con esta operación, según publicó el lunes El Mundo, niega que las parcelas expropiadas no deban salir a subasta pública y afirma que, en cualquier caso, de esas 150 hectáreas, sólo 120 se expropiaron. Las 30 restantes tampoco fueron subastadas.

Miguélez Paz dijo ayer que esas 30 hectáreas, una vez obtenido el certificado de costas en el que se indica que pueden salir a la venta porque son terrenos innecesarios para el dominio público (en los márgenes del Guadalquivir), se pudieron transmitir de forma directa, según la Ley de Patrimonio. Esta norma indica: "Sobre bienes litigiosos se podrá llevar a cabo una transacción judicial [un pacto entre partes] siempre que haya un dictamen favorable del Consejo de Estado", el órgano consultivo del Gobierno.

Pues bien, el Consejo de Estado dijo sí el 22 de junio de 2000. Y también el ministro de Defensa, Federico Trillo, quien, según Miguélez Paz, "ya ha firmado" la operación de venta, que sólo queda pendiente de un mero trámite de escrituras.

Respecto a las 120 hectáreas expropiadas, el director gerente afirma que se negociaron porque la GIED pretendía venderlas por 1.428 pesetas el metro cuadrado, el precio que dictaminó el Juzgado Provincial de Expropiaciones Forzosas de Sevilla. Las cajas lo recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó el precio a 125 pesetas. Los servicios jurídicos del Estado recomendaron entonces no discutir más ese precio porque perderían y el pleito demoraría la operación.

Así pues, se llegó a un acuerdo por el cual las cajas acabaron ofreciendo 800 pesetas por metro cuadrado, un precio muy superior al que habrían pagado de esperar a que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia del TSJA. Sin embargo, para las 30 hectáreas restantes se fijó el precio del Juzgado Provincial: 1.428 pesetas.