El Consell tiene 2 meses para ejecutar la sentencia del Teatro Romano

La Generalitat tiene ya obligación inexcusable de decidir en los próximos dos meses cómo ejecutará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ratificada por el Tribunal Supremo, que declaró ilegales las obras de restauración y rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto. Tras la comunicación de la sentencia por el Supremo, el Consell deberá decidir qué parte del conjunto histórico puede derribarse, cómo y cuándo.

Manuel Tarancón, consejero de Cultura, eludió ayer explicar cómo resolver la ilegalidad de las obras de rehabilitación y restauración del Teatro Romano de Sagunto al alegar que la sentencia no había llegado aún a sus manos. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recibió del Tribunal Supremo la confirmación de la sentencia emitida el 17 de octubre y la envió a la consejería. Notificada ya formalmente la resolución por la que se declaran ilegales las obras de rehabilitación del Teatro Romano, la Generalitat tiene dos meses de plazo para decidir cómo ejecutará la sentencia.

La sentencia del Supremo, que ratifica una anterior del TSJ, califica de ilegales las obras de rehabilitación por considerar que no son tales sino que suponen una reconstrucción, prohibida expresamente por la Ley de Patrimonio. Pero el Tribunal Superior de Justicia no entraba, en su sentencia, a determinar cómo revertir la intervención realizada según un proyecto de los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli.

El contencioso sobre el Teatro Romano, declarado monumento nacional en 1986, lo inició el abogado Juan Marco Molines, que después fue diputado autonómico del PP, contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto, en manos de los socialistas en aquel momento. El mismo PP incluyó en el programa electoral que le llevó a la Generalitat el derribo de las obras. Sin embargo, ya en el poder, ha utilizado el recinto para actividades culturales y sus dirigentes han declarado que la ejecución de esa propuesta depende de los informes de los técnicos.

La sentencia del Supremo reconocía que la obra se basaba en "unos presupuestos metodológicos plenamente defendibles en el plano artístico o académico, pero enfrentados a un criterio normativo opuesto, que es el que debe vincular a la Administración pública".

Tarancón, desde entonces, se ha limitado a constatar que aún tenía tiempo por delante para decidir sobre las obras. Ahora, el plazo de dos meses comienza a contar. En ese periodo, Marco Molines puede instar a la ejecución o la Generalitat decidir cómo llevarla a cabo. También el TSJ podría actuar en el caso de que ninguna de las partes adopte la iniciativa, aunque esta alternativa es poco probable.