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El Supremo de EE UU dio la victoria a Bush con una sentencia que marcó el fin del recuento manual

Un Tribunal Supremo de Estados Unidos profundamente dividido conforme a líneas ideológicas decretó el martes que no había lugar a un nuevo recuento de los votos de Florida por falta de garantías constitucionales, y con ello concedió, de hecho, la presidencia al republicano George Bush. Siete de los nueve jueces coincidieron en que el sistema en vigor impide un recuento uniforme de los sufragios, pero esa holgada mayoría de 7-2 quedó reducida a 5-4 cuando dos de ellos estimaron que debería intentarse establecer un criterio común para valorar todos los sufragios de Florida antes del día 18.

La "intención del votante"

Desde el primer momento, otros dos jueces mantuvieron la tesis favorable al recuento. "Aunque puede que nunca sepamos con completa certeza la identidad del ganador (...), está meridianamente clara la identidad del perdedor", escribió uno de estos dos disidentes, el juez John Paul Stevens: "Es la confianza de la nación en el juez como guardián imparcial del imperio de la ley". Otro juez habló de que el Tribunal Supremo se había autolesionado.La sentencia que daba satisfacción a Bush quedó recogida en un cuadernillo de 65 páginas en el que las opiniones disidentes y puntualizaciones formaban la mayor parte del texto. "Revocamos la sentencia del Tribunal Supremo de Florida que ordenaba un nuevo recuento", decidió el tribunal en una sentencia per curiam ( de toda la corte) no firmada. La sentencia de Florida establecía que el día 12 era la fecha límite para determinar el resultado de la votación y la consiguiente elección de los 25 compromisarios del Estado en el Colegio Electoral. "Esa fecha ha llegado y no hay ningún sistema en vigor que, en atención a la orden del Tribunal Supremo del Estado (de Florida, de que haya un nuevo recuento), contenga unos mínimos criterios constitucionales".

Para el Supremo de Estados Unidos, la ausencia de un sistema común de recuento en toda Florida violaba el principio de igualdad que garantiza la Constitución, al impedir que todos los votos tengan el mismo valor. Un condado podía considerar válido un voto que el condado vecino rechazaba. Esa opinión era firme y decisivamente mantenida por el presidente del Tribunal, William Rehnquist (nombrado por Richard Nixon), Sandra Day O'Connor (Ronald Reagan), Antonin Scalia (Reagan), Anthony Kennedy (Reagan) y Clarence Thomas (George Bush), pero de ella tomaron distancia Stephen Breyer (Bill Clinton) y David Souter (Bush), quienes mantenían que si había dudas sobre la constitucionalidad del escrutinio debería dejarse al Supremo de Florida que definiese nuevos parámetros de recuento de votos legales para tenerlos todos contados el día 18.

Rehnquist, secundado por Scalia y Thomas, señaló que la elección de un presidente no es una elección cualquiera y que en determinadas circunstancias el Tribunal tiene que intervenir. "Ésta es una de ellas".

John Paul Stevens (Gerald Ford), con el apoyo de Ruth Bader Ginsburg (Clinton) y Breyer, discrepó . "Ésta no es una ocasión" para intervenir, porque la ley de Florida establece que de lo que se trata es de saber cuál es la "intención del votante" al emitir su sufragio y, por lo tanto, corresponde sólo a Florida decidir cómo se determina esa voluntad. Según estos tres jueces, "la mayoría (del Tribunal) decreta la eliminación de un número indeterminado de votantes cuyos sufragios revelan clara intención, y por lo tanto, son legales según la ley del Estado, aunque por la razón que fuera fueron rechazados por la máquina de recuento". Según los disidentes, la petición de Bush y su condonación por el Supremo de EE UU es una "no declarada falta de confianza en la imparcialidad y capacidad de los jueces del Estado" para decidir cómo seguir con el recuento.Breyer considera que el Supremo de EE UU erró al aceptar el caso y al ordenar, el sábado pasado, que no se siguiera con el recuento de los votos dudosos. Para el juez, "detener el recuento manual y de este modo asegurarse de que los votos legales contabilizados no serán contados bajo ninguna circunstancia" es "un remedio que daña los justos intereses que el Tribunal trata de proteger". Ginsburg escribió que la falta de tiempo que la mayoría alega para negar el recuento "se debe en parte a la decisión del tribunal de paralizarlo" después de que el Supremo de Florida aprobase el recuento.

"La apariencia de división corre el riesgo de socavar la confianza del pueblo en el propio tribunal", escribió Beyer. "Corremos el peligro de autolesionarnos, una herida que puede dañar no sólo a este tribunal, sino a la nación".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de diciembre de 2000

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