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Un cardenal en el banquillo

Juicio contra el arzobispo de Nápoles por presunta asociación delictiva

En la mayor reserva, sin cámaras de televisión, fotógrafos ni periodistas, todo estaba a punto ayer en Lagonegro (en la región de Basilicata, en el sur de Italia) para dar inicio al juicio contra el arzobispo de Nápoles, el cardenal Michele Giordano, acusado de asociación delictiva por su presunta colaboración en una red de usureros montada por su hermano Mario Lucio. La huelga que deja hoy a Italia sin periódicos, y que han silenciado durante dos días (ayer y hoy) las televisiones del país, ha beneficiado indirectamente al cardenal, cuyo juicio por el procedimiento abreviado ha pasado casi inadvertido en Italia. La vista, que continuará los próximos 16 y 18 de diciembre, podría concluir con una sentencia el 22 de diciembre, a menos que otra huelga, la que mantienen los abogados penalistas italianos, obligue al magistrado Vincenzo Starita a posponer su decisión a enero próximo.Las acusaciones contra Michele Giordano presentadas por la fiscalía de Lagonegro a finales de 1998 cayeron como una bomba en la Santa Sede. Al cardenal de Nápoles, un purpurado de 70 años con un brillante porvenir por delante, se le relacionaba con un delito especialmente odioso a los ojos de la Iglesia: financiar una red de usura gestionada, presuntamente, por su hermano Mario Lucio Giordano y por Filippo Lemma, antiguo director de la sucursal del Banco de Nápoles en Sant'Arcangelo, pueblo natal de los Giordano. Ambos fueron acusados por un par de comerciantes de la localidad de prestar dinero con intereses superiores, a veces, al 100%. Y las investigaciones sobre la red delictiva desembocaron en el palacio arzobispal de Nápoles. Los fiscales acumularon pruebas contra el cardenal mediante escuchas telefónicas y no vacilaron en investigar sus cuentas privadas y el estado de su patrimonio. De esta forma comprobaron que el cardenal había entregado a su hermano sumas de dinero, hasta un total de 80 millones de pesetas, procedentes no sólo de su bolsillo, sino de algunas cuentas bancarias de la curia napolitana, incluida la del Instituto de Obras Religiosas (IOR).

Las noticias de que el nombre del purpurado figuraba entre los indagados en este escandaloso delito se vieron confirmadas en agosto de 1998, cuando la Guardia de Finanza (policía fiscal italiana) llevó a cabo un registro exhaustivo y sin preaviso en el palacio arzobispal de Nápoles, lo que provocó una protesta oficial de la Santa Sede ante el Gobierno italiano. El Vaticano consideró que tanto el registro como las escuchas vulneraban el concordato firmado por el fallecido primer ministro socialista Bettino Craxi en los años ochenta.

La fiscalía pidió poco después, en diciembre de 1998, el procesamiento del cardenal Giordano, acusándolo de formar parte de la red de usura en calidad de "financiador oculto" de este negocio, en el que figuraba también su sobrino Nicola Giordano. La máxima jerarquía de la curia napolitana negó rotundamente los hechos en los dos interrogatorios a los que fue sometido por la fiscalía en 1999. Michele Giordano declaró que el dinero prestado a su hermano no tenía otros fines que ayudarle a superar un bache económico grave. Hace poco más de un mes, la fiscalía de Nápoles abrió otra investigación contra el arzobispo de la ciudad, acusándolo esta vez de falsificación de balances contables y apropiación indebida. De acuerdo con los fiscales, el cardenal autorizó una serie de operaciones de compraventa de inmuebles en las que no se estipulaban las sumas reales de las transacciones. La curia de Nápoles hizo constar, sin embargo, que había pedido permiso a la Santa Sede para efectuar estas operaciones, aunque no consta que desde el Vaticano llegara la luz verde para proceder en este sentido. Parte del dinero utilizado en estos negocios inmobiliarios procedía, según los fiscales de Nápoles, de los cepillos de las iglesias locales. Los abogados del cardenal rechazaron la veracidad de estas acusaciones.

Ante una situación cada vez más delicada para su reputación, el 18 de noviembre pasado, el cardenal solicitó al juez de la audiencia preliminar, que debe decidir aún sobre el procesamiento de 23 implicados en el caso, que se le aplicara el procedimiento abreviado. De este modo, a cambio de renunciar a una serie de derechos y pruebas judiciales que darían más garantías legales al proceso, pero lo prolongarían, el cardenal obtiene un juicio rápido y una rápida sentencia. La Santa Sede confía en que sea absolutoria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de diciembre de 2000