Una auditoría descarta que PSV desviara fondos de los cooperativistas

A punto de encarar la recta final del juicio que se inició en marzo, el tribunal que juzga el llamado caso PSV se enfrenta a dos tesis radicalmente distintas sobre lo que realmente sucedió en el gigantesco proyecto cooperativo que impulsó el sindicato UGT y que se hundió con estrépito en 1994.Según los peritos judiciales, PSV se hundió porque arrastraba un déficit de 18.500 millones de pesetas causados por los manejos contractuales entre la gestora de la cooperativa, IGS, la propia cooperativa y el sindicato UGT. Sin embargo, según la auditoría encargada por IGS y por el ex administrador de UGT, Sebastián Reyna, uno de los encausados, del análisis de las cuentas "no se puede desprender que hubiera un desvío o utilización irregular de las aportaciones de los cooperativistas".

Los auditores de KPMG concluyen en su informe que en el caso PSV no hubo ni lucro personal de los acusados ni desvío de fondos -algo que ha quedado claro a lo largo del juicio-. Según la auditoría, "la crisis de PSV estuvo básicamente relacionada con la falta de obtención de financiación para poder continuar con la construcción de las promociones, dando lugar a la fuerte insolvencia de estas sociedades y su posterior liquidación tras la intervención pública [en 1994]". El fracaso del gran proyecto -175 promociones, más de 22.000 viviendas proyectadas- se debió, pues, a causas externas a la gestión de la cooperativa.

El núcleo de la discrepancia entre los peritos judiciales y los auditores de KPMG está en los honorarios de gestión que la gestora IGS cobró a la cooperativa PSV (10.102 millones de pesetas) y en las cantidades que UGT, impulsora del proyecto, cobró a IGS por promocionar la cooperativa.

Los peritos judiciales estimaron que IGS, que facturó por gestión a PSV 10.102 millones, sólo podía jutificar 4.000 millones. De la misma forma, cuestionaron los 946 millones cobrados por el sindicato, que suponía entre el 8% y el 12% del precio final de la vivienda.

Frente a esta tesis, KPMG estima que las cantidades cobradas tanto por IGS como por UGT estaban justificadas por contratos y se encuentran dentro de los parámetros de mercado. Según KPMG, los peritos judiciales se extralimitaron en sus apreciaciones e incluso ignoraron en sus análisis las directrices del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

El informe de KPMG es un nuevo jarro de agua fría para las acusaciones del caso -representan a unos 3.600 ex cooperativistas que se sintieron estafados por PSV-, obligadas a probar que en el hundimiento de la cooperativa se cometieron delitos de apropiación indebida, estafas continuadas y falsedad en documento mercantil. De los siete encausados con que se inició el juicio (Carlos Sotos, ex responsable de IGS-PSV; Sebastián Reyna, ex administrador de UGT; su antecesor, Paulino Barrabés; Fermín Bretón, Francisco Hernández, Jesús Aina y Primitivo Álvaro), sólo cinco permanecen en el banquillo, ya que las acusaciones han desistido de los cargos imputados contra Aina y Álvaro, directivos de nivel medio de IGS-PSV sin responsabilidad en su gestión.

Al inicio del juicio, ya se habían entregado un total de 11.893 viviendas y de los 6.503 reclamantes en el caso, 2.858 habían recibido su piso y 3.011 el dinero comprometido.