El gasto social crece un 4,7% en los primeros presupuestos de Fox

Pese a su escaso margen de maniobra en los presupuestos del 2001, el nuevo Gobierno mexicano propuso al Congreso aumentar en un 4,7% el gasto social, una subida destinada al cumplimiento de la principal promesa del presidente, Vicente Fox: reducir la pobreza, que castiga al 40% de los cien millones de mexicanos. La partida es considerada insuficiente.

A pesar de ello, el secretario (ministro) de Hacienda, Francisco Gil, subrayó que para aumentarla son necesarios nuevos ingresos a través de la prevista reforma fiscal, cuya discusión parlamentaria comenzará en abril.Los presupuestos elaborados por el nuevo equipo económico tienen un perfil austero, destinado a reducir el déficit fiscal, y establecen un gasto similar, en términos reales, al último de la Administración anterior: 129.000 millones de dólares. El 87% del presupuesto está comprometido de antemano con el pago de las deudas externas e interna, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), encargado de los pasivos derivados del rescate bancario de 1994-95 (más de 65.000 millones de dólares), la reforma del sistema de pensiones y el gasto corriente.

El Gobierno de Fox dispone por tanto del 13% restante como margen de maniobra. De total del presupuesto, unos 84.656 millones de dólares corresponden al gasto programable, y el resto al pago de deudas. El 65% de ese gasto programable tendrá una orientación social, en torno a los 55.000 millones de dólares.

El nuevo secretario de Hacienda deberá hacer milagros para acertar con un equitativo reparto ya que, entre otras dificultades, existen en México más de 2.400 municipios que reclaman mayor participación en los recursos federales para afrontar sus propios gastos contra la pobre extrema, las carencias sanitarias y escolares y los problemas de infraestructura básica.

Las proyecciones macroeconómicas enviadas al Congreso, donde ninguno de los tres principales partidos de México tiene mayoría suficiente, son cautas y establecen un crecimiento del 4,5% en el PIB para el 2001, una inflación del 6,5%, el pasado mes de octubre era del 8,9%, un déficit fiscal situado en el 0,5% del PIB, y sitúa en 18 dólares el precio promedio del barril. Una de las propuestas es la incorporación de los pasivos del IPAB como deuda pública legal, para evitar el debate anual que autoriza la partida de gastos correspondiente a la servidumbre del rescate bancario de seis años. El 20 de diciembre de 1994, poco después de la investidura del presidente Ernesto Zedillo, México sufrió una crisis financiera que puso al país al borde de la suspensión de pagos y causó bancarrotas en cadena. El Gobierno habilitó un plan multimillonario para evitar el colapso del sistema, cuyas deudas todavía atenazan el presupuesto nacional.