Los juristas opinan que el indulto del Gobierno es de carácter general y vulnera la Constitución

Varios expertos en Derecho Constitucional consultados por EL PAÍS consideran que la medida anunciada el pasado viernes por el Gobierno cabe plenamente dentro de la consideración de indulto general, por lo que a su entender vulnera la Constitución. A la espera de que el Gobierno publique los indultos en el Boletín Oficial del Estado, los constitucionalistas alertan de que el indulto es una figura jurídica que sólo puede concederse atendiendo a "situaciones particulares" y nunca por los motivos esgrimidos por el Ejecutivo de Aznar: proximidad del fin del milenio o atendiendo a la petición papal.

La Constitución establece en el título segundo, artículo 62, que corresponde al Rey, entre otras prerrogativas "ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". Los constitucionalistas consideran que tanto por el número de beneficiarios del indulto, 1.443, como por las razones esgrimidas por el Gobierno en su concesión, se puede hablar de indulto general.El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo afirma que en el caso del indulto de Javier Gómez de Liaño el Gobierno ha cometido una grave irregularidad. "El delito de prevaricación judicial no es susceptible de ser indultado, puesto que un juez no es un funcionario público sino el titular de un poder del Estado". "Prevaricación judicial e indulto son palabras incompatibles", asegura. De esta forma, Pérez Royo considera que el Gobierno ha invadido las competencias del Consejo General del Poder Judicial. "Cuando el Tribunal Supremo condena a un juez estamos ante un mecanismo de depuración del Poder Judicial en el que no puede inmiscuirse el Poder Ejecutivo". Este catedrático no duda en tildar de "monstruosidad" la forma en que el Gobierno ha concedido el indulto a Gómez de Liaño.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Francesc de Carreras también critica la amplitud y la forma de la medida de gracia . "La institución del indulto procede de una situación previa al Estado de derecho. Desde el punto de vista constitucional hay que conceder los indultos de forma muy restrictiva y, por supuesto, no de la forma en que lo decidió el Consejo de Ministros, porque es una institución pensada con otras finalidades. Hay que concederlos atendiendo a circunstancias personales y concretas de cada persona".

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, justificó la concesión de los 1.443 indultos, entre los que se encuentra el del ex juez Gómez de Liaño, por las dos peticiones realizadas por el Papa con motivo del Año Jubilar y también se refirió a la coincidencia con el 22º aniversario de la Constitución y a la proximidad del fin del milenio. Francesc de Carreras considera que estas razones no pueden ser motivo para la concesión de los indultos. "Las circunstancias esgrimidas por el Gobierno no encajan en absoluto con la figura constitucional del indulto, que en ningún caso es una medida de gracia, sino que tiene que ser una medida de justicia".

Casos sin justificar

Pero los juristas están a la espera de que el Gobierno publique en el BOE el Real Decreto de concesión de los indultos. El texto deberá especificar la lista de todos los indultados y las razones por las que se decide concederles la gracia. El catedrático titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha Marcos Masot considera que hasta el momento el Gobierno no se ha explicado bien. "Se trata de un indulto general y se ha explicado de forma muy genérica sin justificar los casos concretos", afirma Masot. Este experto advierte de que no se podrá dudar de la constitucionalidad de la medida del Gobierno hasta ver la forma en que se publica el real decreto oficial.En la misma línea de prudencia se manifestó ayer el constitucionalista Francisco Rubio Llorente, quien explicó que aún hay que conocer más datos acerca del indulto para determinar si podría vulnerar la Carta Magna. Sin embargo, y con los primeros datos en la mano, Rubio Llorente aseguró que el anuncio del pasado viernes es "gravemente preocupante".

Jordi Solé Tura, senador socialista y uno de los redactores de la Constitución, también ve importantes sombras en la decisión del Consejo de Ministros: "Es un fraude, un escándalo", aseguró ayer en declaraciones a la cadena SER. En relación al indulto concedido a Javier Gómez de Liaño, Solé-Tura afirmó que es "una pasada impresionante del Gobierno para indultar a una persona que le ha favorecido".