España aceptará perder el veto en los fondos de cohesión a partir del año 2007

España ya sólo plantea problemas en 8 de los 50 artículos del Tratado de Amsterdam en los que se propone eliminar el derecho de veto para que pasen a decidirse por mayoría cualificada. Madrid aceptaría perder el veto incluso en un asunto tan delicado políticamente e importante económicamente como los fondos de cohesión si eso no ocurre hasta 2007, cuando ya se hayan acordado tanto los montantes como los criterios de reparto del paquete financiero comunitario para 2007-2013.

España presentará en el Consejo Europeo de Niza un perfil muy diferente del que están acostumbrados sus socios europeos. Abanderado de mantener el derecho de veto, el Gobierno de José María Aznar está dispuesto a apoyar la sustitución del veto por la mayoría cualificada en la inmensa mayoría de las propuestas de la presidencia francesa. Tan sólo en fiscalidad y en control de las fronteras la posición española parece inamovible.Si confirma sobre la mesa de Niza ese nuevo talante, el Gobierno español daría satisfacción a los llamamientos de la Comisión Europea, ardiente defensora de la limitación del derecho de veto.

La política de la cohesión es uno de los asuntos en los que España siempre ha defendido que se mantenga el veto. No es el único país. También Portugal y Holanda se aferran a él. Pero Madrid ha comprendido que a la larga eso ya no será necesario porque España irá perdiendo derecho a las ayudas europeas a medida que mejore su renta media. Y serán los países de Europa del Este los que más se beneficiarían del veto.

Por eso el Gobierno español ha hecho ver a sus socios que está dispuesto a transigir y eliminar el veto en los artículos 159 y 161 del Tratado de Amsterdam, pero con la condición de que eso se aplique a partir del año 2007, según han confirmado varias fuentes comunitarias. Para entonces se tiene que haber negociado ya el siguiente paquete financiero para el septenio 2007-2013. España aceptaría también la supresión del veto en las decisiones sobre el Fondo de Cohesión porque en esa fecha ya habrá superado la renta media del 90%, una de las condiciones necesarias para percibirlo. En este caso lo más importante habrá sido negociar (todavía con derecho de veto en la mano) una larga transición de salida, el llamado opting out.

Problemas no imposibles de superar separan a España del acuerdo para eliminar el veto en otros temas de gran importancia. Es el caso del artículo 133 (negociación de acuerdos comerciales con países terceros). Mientras Francia pone pegas para proteger el mantenimiento de la lengua francesa en el sector audiovisual, España no ve mal una de las dos propuestas de compromiso planteadas por la presidencia. "Estamos reflexionando", admiten fuentes españolas.

En materia fiscal (artículo 93), en cambio, España sólo admite levantar el veto en la lucha contra el fraude. Y el empeño alemán de decidir por mayoría cualificada el artículo 67 (visados, asilos, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas) tropieza con un obstáculo de gran calado para las autoridades españolas: afecta al legendario litigio de Gibraltar.