El PSOE lleva al Congreso su ofensiva contra el "abuso de poder" que supone el indulto a Liaño

La ejecutiva del PSOE ratificó ayer su ofensiva parlamentaria para exigir del Gobierno explicaciones a los motivos por los que aprobó el viernes un "indulto general" para ocultar la medida de gracia particular a favor del ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación. Una portavoz de la dirección socialista tildó esa actuación como un "abuso de poder, un fraude a la Constitución y un ataque al Estado de derecho". El PSOE rechaza como "inaceptable" el objetivo encubierto del Gobierno de equiparar el indulto a los socialistas condenados por el caso Filesa con el del ex juez prevaricador Liaño "por sus servicios al PP". Desde el Ejecutivo, el vicepresidente Mariano Rajoy cuestionó el "partidismo" del PSOE contra Liaño.

La dirección del PSOE registró ayer a primera hora varias iniciativas en el Congreso para demandar la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Ángel Acebes, para que explique a la Cámara las verdaderas razones del indulto masivo a 1.443 personas aprobado el viernes, y entre las que se incluye el ex juez Javier Gómez de Liaño. Los socialistas también reclaman la presencia en el Parlamento del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, para que informen de cómo se materializan normalmente las concesiones de indultos porque no se acaban de creer las justificaciones de la "bula papal o del aniversario del régimen".Los socialistas aprovecharán estas comparecencias -solicitadas también por IU y el Grupo Mixto- para exigir todos los expedientes individualizados de los indultos, que ayer aún no habían sido publicados en el Boletín Oficial del Estado. E interrogarán a Cardenal sobre la posición favorable al indulto a Liaño defendida por su subordinado Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, por dar a entender que "suscribía la tesis de que el ex juez había sido condenado por el Tribunal Supremo de forma injusta", según remachó Juan Fernando López Aguilar, catedrático constitucional y ayer portavoz de la ejecutiva del PSOE.

Acebes aclaró por la tarde a la diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega, ex secretaria de Estado de Justicia y ahora en la dirección del grupo parlamentario, que, finalmente, comparecerá en el Congreso el miércoles 13, en la sesión de control al Gobierno. Antes el ministro había remitido un escrito a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, en el que avisaba, sin justificación alguna, de que ese día no estaría en la Cámara.

El PSOE, en definitiva, exigirá por esa vía aclaraciones al Gobierno porque sostiene, como remachó su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, que la Constitución no permite aplicar indultos generales. Y porque está muy "preocupado" por la invasión del poder Ejecutivo sobre el judicial al revocar de hecho -con el indulto que permite a Liaño regresar a su carrera como juez- la condena de inhabilitación sentenciada por el Tribunal Supremo. "El Gobierno está en decadencia, está arreglando problemas del pasado y sus compromisos", añadió Zapatero en declaraciones a TV3. Y aseguró que con este indulto "comienza a haber síntomas de resquebrajamiento de las instituciones".

El líder de IU, Gaspar Llamazares, abundó en esta línea al señalar que desde la llegada del PP al poder ya no existe la división de poderes y se ha pasado de "la mayoría absoluta a la absolutista". Llamazares señaló que el Ejecutivo trata "hipócritamente" de "ocultar sus compromisos políticos".

Ninguno de estos argumentos amilanó al Gobierno. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, optó por contraatacar y cuestionó a Rodríguez Zapatero por su "falta de equilibrio, de sentido y, sobre todo, por un partidismo, que no es deseable que lo tenga el principal partido de la oposición en España". Rajoy reprochó a los socialistas que se "maravillaran" y "celebrasen con alborozo" los indultos dados en su día a los ex altos cargos socialistas José Barrionuevo o Rafael Vera, condenados por la guerra sucia contra ETA, o ahora a otros militantes de ese partido por el caso Filesa o a algunos alcaldes de esa formación por el caso del PER, y, sin embargo, criticasen la medida de gracia para Liaño. El portavoz del PP, Rafael Hernando, emplazó a los socialistas a que dejen de hacer el "ridículo" con sus ataques al indulto y expliquen "si alguna vez van a devolver" el dinero de Filesa. El secretario general del PP, Javier Arenas, preguntó a Zapatero si le parecieron más justos los indultos de los GAL.

Juan Fernando López Aguilar no se dio por aludido con estos claros avisos de por dónde transcurrirá ahora la estrategia del Gobierno del PP. Es más, casi los esperaba. Por eso, tras la reunión de la ejecutiva, el portavoz del PSOE encaró el problema hasta señalar que la nueva dirección del partido considera totalmente "inaceptable", tanto política como técnicamente, que se puedan equiparar ambos casos. López Aguilar precisó que mientras los militantes socialistas condenados por Filesa aún tenían penas pendientes cuando se les concedió el indulto, en el caso de Liaño se va mucho más lejos al revocar la gracia política del Consejo de Ministros una sentencia y venir a decir "que el delito no exitió y que los antecedentes han sido cancelados", y para ordenar al Consejo General del Poder Judicial que reincorpore al ex juez a su escalafón con un límite que es exclusivo de un determinado órgano judicial.

López Aguilar afirmó que todas esas competencias no son del Gobierno, sino de una sala; "ni más ni menos que del Supremo que le condenó como prevaricador". El diputado socialista rechazó por tanto que se vinculen el caso Liaño y el caso Filesa y se preguntó si el Gobierno y sus medios de comunicación afines pretenden así "encubrir la amnistía singular" al ex juez "por haber prestado servicios al PP prevaricando" y reconocer de ese modo la recompensa.